​Un año más, el Gobierno se olvida de las personas en situación de vulnerabilidad social, al mantener estancados los programas de servicios sociales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. En un contexto en el que las personas en situación de pobreza severa ascienden a 3,5 millones de ciudadanos (el 7,6% de la población), que viven con menos de 333,8 euros al mes, el Ejecutivo aumenta en 3 millones el programa de atención a la infancia y las familias solo para cubrir los gastos de publicidad o propaganda; o mantiene inalterables desde 2013 las cuantías de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, responsable de gestionar la prevención y control de enfermedades transmisibles. Para UGT, resulta imprescindible dotar de más recursos a los servicios sociales de nuestro país, sobre todo tras haber atravesado una crisis que ha maltratado a millones de familias. La política de este Gobierno no se debe traducir tan solo en subvencionar a las instituciones privadas sin ánimo de lucro, sino que se deben destinar las actuaciones necesarias a las políticas de inclusión social, de protección a las familias y a la infancia y de apoyo a la discapacidad.

UGT manifiesta que, de nuevo, todos los programas de servicios sociales permanecen estancados. Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, al igual que el año pasado no presentan modificaciones sustanciales, imagen fiel de la política de austeridad del Gobierno sin que se haya aumentado significativamente ninguna partida y sin que se haya recuperado lo disminuido en anteriores ejercicios. Unas reducciones que han supuesto el detrimento en la cobertura a la ciudadanía proporcionada a través del sistema de Servicios Sociales.

El proyecto de presupuestos para 2017 presentado no supone un incremento sustancial en las partidas presupuestarias destinadas a proteger a la familia y la pobreza infantil. Lejos de formular una dotación presupuestaria específica, donde se refleje la apuesta por parte del Gobierno de dar una respuesta a aquellas familias con mayor vulnerabilidad social, se agrupa la cifra de 100 millones de euros en una partida dirigida a la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, junto con las prestaciones básicas de servicios sociales. Es decir, junto al Plan Concertado, cuyo objetivo último es el mantenimiento de un sistema público de servicios sociales de nivel primario para atender a toda la ciudadanía; se enmascaran las cifras y se maquilla una subida cuya cifra real no se puede identificar. Todo ello en un contexto en el que las personas en situación de pobreza severa ascienden 3,5 millones de ciudadanos y ciudadanas, el 7,6%, viven con menos de 333,8 euros al mes, afectando a los menores de 16 años con un 8,4%.

Para UGT, llama especialmente la atención que, en el Programa de atención a la infancia y las familias, correspondiente a la Dirección General de Servicios para la infancia y familia, se ha producido una bajada interanual del 4,05% desde 2014. Sin embargo, este año presenta un incremento de más de 3 millones de euros cuyo único motivo es el aumento de los gastos destinados a publicidad y propaganda, pasando de los 180.000 euros presupuestados para el ejercicio de 2016, a 3.180.000 para el año 2017.

Para la Secretaría General de Sanidad y Consumo, la cual gestiona el Programa de salud pública, prevención y control de enfermedades transmisibles, además de dedicarse a la elaboración de planes de prevención, programas y campañas dirigidas a actividades de lucha contra el SIDA, mantiene sus cuantías inalterables en 3.052 miles de euros desde el año 2013, en un escenario donde las políticas e intervenciones en materia de vih están paralizadas, así como la desaparición de las cantidades consignadas en el plan nacional del sida.

La Unión General de Trabajadores exige el aumento de recursos para los servicios sociales de nuestro país y denuncia que, tanto en las políticas de apoyo a la discapacidad como los respectivos planes de actuación dirigidos a la inclusión social, protección a las familias y a la infancia, y en general las políticas en materia de servicios sociales, no se están definiendo en objetivos y actuaciones concretas a ejecutar por las distintas administraciones competentes, sino que se destinan a "subvencionar" las actuaciones de instituciones sin fines de lucro. Una manera de desnaturalizar la función del Estado de Bienestar y la gestión pública.