Mari Carmen Barrera reclama en el Consejo General de la Seguridad Social que el Ingreso Mínimo Vital “sea ya una realidad para 850.000 familias en nuestro país”

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha denunciado “el caos y la falta de recursos en las oficinas de la Seguridad Social, que ha puesto en evidencia el colapso de gestión al que ha llegado el Sistema, dado que su capacidad de respuesta ha quedado muy por debajo de la demanda de la ciudadanía durante esta crisis”.

En este sentido, ha señalado que “aún no conocemos cuál es el proyecto del Gobierno respecto a la comprometida reestructuración de la organización de la Seguridad Social, y La pérdida de efectivos no repuestos durante las últimas décadas supera seis veces a los interinos que se pretenden incorporar. Los ciudadanos se desesperan intentando conseguir una cita previa para ser atendidos en la Seguridad Social, con el único objeto de poder dar el servicio que merecen en unas condiciones dignas, y evitar el conflicto social que se avecina”. 

Por ello, ha reclamado al Gobierno que “se atienda nuestra reivindicación sobre la necesidad de dotar de más medios y más personal al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Hay que hacer todo lo posible para no solo dotarnos de un servicio público más eficaz y ágil sino también conseguir que la presión sobre los trabajadores y trabajadoras del INSS se reduzca, ya que sus condiciones de trabajo en estos momentos son extremadamente complejas por la falta de medios”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Consejo General de la Seguridad Social, en el que ha estado acompañada del coordinador estatal de FeSP-UGT de Seguridad Social, Martín Lanzas, donde ha reclamado más efectivos para que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sea “ya una realidad para 850. 000 familias en nuestro país. Se tiene que pagar ya a estas familias, tiene que llegar ya a las personas porque es un ingreso vital”. 

“Es imprescindible también que se trabaje en coordinación estrecha con todos los agentes implicados para conseguir la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias”, ha considerado. “Es necesario poner en marcha de inmediato el Consejo del IMV. Igualmente creemos que hay que trabajar en la mejora permanente de la nueva prestación, algo para lo que UGT cree fundamental la puesta en marcha de una mesa de diálogo social para mejora del IMV”. 

Para Barrera, “son positivas algunas de las modificaciones que se han realizado en los procedimientos, requisitos y gestión de esta prestación, como la extensión a seis meses de la presentación del plazo para que se entienda denegada una solicitud no contestada, ampliando el período de admisión de solicitudes a diciembre y manteniendo a fecha de 1 junio la retroactividad para el percibo de la prestación una vez aprobada, algo que ya habíamos reclamado desde UGT”.

Asegurar la viabilidad de las pensiones presentes y futuras

Durante su intervención, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha reclamado “un acuerdo satisfactorio en la Comisión del Pacto de Toledo para el equilibrio financiero de la Seguridad Social y para garantizar las pensiones presentes y futuras”.

Para ello, ha exigido “actualizarlas al IPC como mínimo, derogando la totalidad de la reforma de las pensiones del 2013, que incluía el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad; además de considerar una subida mucho mayor para las pensiones mínimas, que siguen siendo muy reducidas en nuestro país”. 

Por ello, ha demandado que “convoquen la mesa de diálogo social cuanto antes. Y no solo para el diálogo social en materia de pensiones, muchas otras cuestiones de la Seguridad Social deberían ser tratadas en el seno de un diálogo que, hoy por hoy, no existe. Solo así se pueden producir las más eficaces y agiles soluciones para las personas trabajadoras y todo el abanico de sus situaciones a proteger”.

No utilizar normas ómnibus en las que se mezclan medidas de protección social

En otro orden de cosas, Mari Carmen Barrera ha recordado “el riesgo que supone la utilización de “normas ómnibus” en las que se mezclan diferentes materias que afectan a la protección de los trabajadores, como por ejemplo la no convalidación del RD Ley 27/2020, del 4 de Agosto, de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a entidades locales, que incluía dos medidas relacionadas con la protección social de los trabajadores por COVID19; o las medidas para las personas que se encuentran en aislamiento, incluidas en el RD Ley 28/2020 sobre trabajo a distancia”. 

En este sentido, ha denunciado “la falta de comunicación con el Ministerio para que estas medidas se nos consulten previamente”.

Además, ha reclamado que se “atienda  la reivindicación sobre las trabajadoras que percibían la prestación por embarazo o lactancia y que estaban incluidas en ERTE; y también resolver el problema de los trabajadores y trabajadoras que se han tenido que incorporar a sus puestos de trabajo, sin disponer de todas las garantías para preservar su salud frente al COVID-19, pues como es más que evidente, aunque no hay estado de alarma, la pandemia está cobrando nuevamente mucha fuerza, en la prevista segunda ola, para la que esperamos que se tenga ya una previsión sobre nueva protección a estos trabajadores y trabajadoras”.