132 personas han muerto hasta agosto por infartos o derrames cerebrales durante su jornada laboral

La Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Ana García, ha resaltado que “hasta el mes de agosto de este año han fallecido 132 trabajadores y trabajadoras por patologías no traumáticas durante la jornada laboral, lo que supone un 33,4% de los fallecimientos entre los asalariados y asalariadas”.

Patologías no traumáticas como infartos, derrames cerebrales y otras debidas a causas naturales, siendo principalmente de origen cardio o cerebrovascular. “Durante todo 2018, 266 trabajadores y trabajadoras fallecieron por infartos o derrames cerebrales”, ha afirmado.

La precariedad laboral, fuente de riesgo para la salud de las personas

La Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT ha manifestado que “la precarización de las condiciones de trabajo, que han supuesto las dos reformas laborales, sobre todo la de 2012, han provocado un empeoramiento de la salud laboral de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país, la alta temporalidad, bajos salarios, la incertidumbre, las reestructuraciones de plantilla, por poner algún ejemplo han contribuido sin duda a que hayan aumentado los riesgos psicosociales y la posibilidad de sufrir una PNT. Por supuesto la globalización, los cambios tecnológicos y las nuevas formas de organización del trabajo hacen que los riesgos psicosociales cobren cada vez más importancia”.

En este sentido, ha recordado que, según las Encuestas Europeas de Condiciones de Trabajo, “un gran volumen de trabajo y/o estar sometido a mucha presión es algo relativamente extendido entre la población. Las investigaciones recopiladas por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo muestran que los riesgos psicosociales son la causa de entre un 50% y un 60% de todas las jornadas de trabajo perdidas, y se estima que los trastornos de salud mental contarán a la UE 240.000 millones de euros al año”.

Además, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2015, “un 37% de los trabajadores encuestados opinaba que el trabajo afecta negativamente a su salud, un 30% indico que sufre estrés laboral siempre o casi siempre durante su jornada laboral, aumentando este porcentaje en 7 puntos porcentuales en comparación con el dato obtenido en la encuesta realizada en 2010. Las percepciones de altos niveles de estrés laboral fueron mayores entre los técnicos y profesionales de apoyo (34%) y en el sector de la salud (37%)”.

Ante esto, Ana García ha denunciado que, a día de hoy, “no se reconoce ninguna enfermedad originada por los riesgos psicosociales en el Cuadro de Enfermedades Profesionales español, aun habiendo sido incluidos los trastornos mentales y del comportamiento en la Lista de Enfermedades Profesionales de 2010 de la OIT”.

Sin embargo, ha destacado que “la OMS incluirá el síndrome del trabajador quemado, o burn out, en la próxima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) como un problema asociado al empleo o al desempleo, una nueva clasificación que entrará en vigor en 2022”.

En este sentido, ha afirmado que hay una gran diferencia entre reconocer o no las enfermedades profesionales. “Si las patologías de origen laboral psicosocial fueran reconocidas como contingencia profesional, los costes asociados deberían ser asumidos por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y se garantizaría una mayor protección de los trabajadores y trabajadoras que las padecen”.

Por ello, ha puesto en valor el estudio promovido por UGT: “Análisis de los costes económicos derivados de la falta de prevención de riesgos psicosociales”, “realizado por profesionales de la materia, con datos relativos a 2010, en el que se estimó que la suma de costes sanitarios, pérdidas laborales y valor del cuidado informal alcanzaron un impacto económico de entre 545 y 810 millones de euros para dicho año”.

Propuestas de UGT

Para UGT, garantizar una protección adecuada de la seguridad y salud de los trabajadores pasa por acabar con la precariedad laboral, que empeora las condiciones laborales de tantas personas.

“La prevención de riesgos laborales es fundamental para minimizar los daños a la salud”, ha considerado. “Se debe dejar de considerar la prevención como un coste y pasar a ver la prevención como lo que realmente es, una inversión”. Además, ha resaltado que “es preciso empezar a hablar del coste de la no prevención, coste personal, económico y social, un coste no solo para el que se accidenta y enferma sino también para las empresas, el sistema público de salud, etc. Inversión que deben hacer no solo las empresas, sino también las Administraciones Públicas, ya que son necesarias para poder llevar a cabo acciones contra esta lacra”.

Además, ha reclamado “comenzar con la negociación de la siguiente Estrategia Española para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que la actual finaliza en 2020; dotar de más recursos al Plan por el trabajo digno, ya que puede contribuir a luchar contra la explotación laboral; ampliar la plantilla de la Inspección de Trabajo, estrechando la colaboración con las organizaciones sindicales; crear la figura de los Delegados/as Territoriales de Prevención, que ayudaría a mejorar la salud y la seguridad en las pymes y micropymes, donde no hay representación sindical; revisar el listado de enfermedades profesionales, para que sean incluidas aquellas que son causadas por los riesgos psicosociales, siguiendo la estela de la OIT; y evaluar continuamente los riesgos psicosociales en las empresas, siempre contando con la participación de los representantes de los trabajadores, y a partir de la cual sean diseñadas y aplicadas las medidas preventivas pertinentes”.