La Comisión Europea ha presentado su propuesta presupuestaria para el periodo 2028-2034 con un discurso centrado en la competitividad, la autonomía estratégica y la seguridad. Sin embargo, esta orientación presupuestaria deja en un segundo plano las políticas sociales y territoriales que históricamente han sostenido el proyecto europeo.

El techo del gasto se fija en un 1,26 % de la Renta Nacional Bruta, una cifra claramente insuficiente para afrontar los grandes retos económicos, sociales y ecológicos del continente. La agrupación en una única rúbrica de los fondos de cohesión, el Fondo Social Europeo Plus y la Política Agraria Común no solo dificulta la transparencia presupuestaria, sino que debilita el compromiso específico con el empleo, la lucha contra la pobreza o la inclusión. Solo alrededor del 14% de este paquete estaría vinculado directamente con políticas sociales.

Más recursos para defensa y control, menos para derechos y cohesión

El nuevo diseño refuerza la financiación para programas vinculados con la defensa, el control de fronteras o la inteligencia artificial, mientras se reducen sensiblemente las partidas dedicadas a la cohesión territorial y al desarrollo rural. Esta reorientación compromete la capacidad de la UE para garantizar una transición verde y digital justa, especialmente en las regiones más vulnerables.

La propuesta consolida además el modelo de gobernanza del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, centrado en reformas estructurales impuestas desde arriba y con escasa participación de los agentes sociales. Se corre así el riesgo de repetir errores del pasado, debilitando los servicios públicos y marginando el diálogo social.

Reforzar la dimensión social debe ser una prioridad

Desde UGT, defendemos un presupuesto europeo que sitúe en el centro a las personas trabajadoras y garantice cohesión, equidad y justicia social. No es aceptable que la respuesta europea ante desafíos como el cambio climático o la transformación tecnológica se base en recortes sociales y más condicionalidad.

La Unión Europea necesita reforzar su dimensión social, asegurar el diálogo con los sindicatos y orientar sus recursos hacia un desarrollo que no deje a nadie atrás. Todas estas prioridades deben articularse de forma coherente en una más que necesaria Directiva de Transición Justa, que garantice que los derechos laborales, el empleo de calidad y la igualdad territorial se sitúan en el corazón de la transformación ecológica y digital. Solo con un compromiso firme en esta dirección podrá la UE consolidarse como un verdadero proyecto de futuro para su ciudadanía.