El presupuesto de gasto destinado a políticas activas ha caído casi a la mitad entre 2010 y 2015, mientras el paro de larga duración ha crecido desde 2009 en 1,9 millones de personas. Para UGT, resulta imprescindible aumentar el gasto en políticas activas y destinarlo a mejorar la empleabilidad de las personas y no a bonificar el sector privado. Además, es necesario reformar la protección por desempleo para hacerla más inclusiva y extensa, disminuir los niveles de desigualdad y pobreza y rescatar así a las personas que han sufrido los efectos de la crisis.

Desde 2014, el Gobierno ha ido aumentando el presupuesto destinado a las bonificaciones para el fomento del empleo en más de 400 millones, y entre 2015 y 2016, las reducciones en cotizaciones sociales a más de 200 millones de euros. Para este año, se destinan entre bonificaciones y reducciones a las cotizaciones sociales más de 3.700 millones de euros –más de la mitad del presupuesto destinado a políticas activas- que podrían emplearse en políticas mucho más eficaces para mejorar la situación de los desempleados. Para UGT, se necesitan muchos más recursos y otras actuaciones para ayudar a encontrar trabajo a los 4,8 millones de trabajadores sin empleo que hay en nuestro país, y hacer los servicios públicos de empleo más eficaces en su tarea.

Además, el continuo endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo ha provocado un deterioro de la protección por desempleo. En 2010 más del 80% de los desempleados registrados percibía una prestación por desempleo, y en abril de 2016 lo hacen menos del 55%. Esta situación es, en gran medida, responsable del aumento de los niveles de pobreza y exclusión social. El avance del número de parados y paradas de larga duración hace necesaria no solo la reforma del sistema de protección por desempleo para hacerlo más inclusivo y extenso, sino una revisión más amplia de los mecanismos de protección social para conseguir rescatar a las personas de los efectos demoledores de esta profunda y extensa crisis.

En este sentido, resulta imprescindible duplicar la dotación presupuestaria para políticas activas de empleo en dos años. Al menos una cifra equivalente al 50% del importe que se obtenga anualmente en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida se destinará a este fin; reorientar los recursos disponibles hacia la mejora de la empleabilidad de las personas; y ampliar los criterios de acceso al Programa de Activación para el Empleo (PAE) y recuperar los requisitos que el Plan de Recualificación Profesional (PREPARA) tenía antes de entrar en vigor el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto.

Además, es fundamental realizar una reforma integral del sistema de protección por desempleo para hacerlo más inclusivo y extenso; revisar al alza tanto las cuantías de las prestaciones como su duración; y recuperar el subsidio para mayores de 52 años en las condiciones de acceso y garantías anteriores a la pasada legislatura.

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Hacen falta compromisos concretos sobre empleo, protección social o servicios públicos esenciales en la nueva legislatura

Compromiso 1: La Legislatura tiene que iniciarse con un plan de choque por el empleo

Compromiso 2: Construir un modelo de relaciones laborales más equilibrado y garantista para los trabajadores

Compromiso 3: Una política económica expansiva que impulse el crecimiento y el empleo