​UGT considera que las explicaciones que dio ayer el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, no aclaró los hechos sucedidos la semana pasada en Ceuta que costaron la vida a, al menos, 14 personas, pero puso de manifiesto que la política del Gobierno y de la Unión Europea en esta materia es vergonzante e indigna. El sindicato muestra su profundo rechazo a que la solución al control de nuestras fronteras sea la utilización de medios que pongan en peligro la integridad física e incluso las vidas de quienes intentar entrar en nuestro país. No todo vale para evitar la entrada en territorio español, poner el precio de vidas humanas como peaje, es inasumible e inaceptable.

UGT no puede compartir ni aceptar las explicaciones y los argumentos dados por el Ministro del Interior respecto a la tragedia ocurrida en Ceuta.

Reconociendo la especial situación de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, dos ciudades europeas en África, y que la Guardia Civil realiza una actuación generalmente encomiable en condiciones muy difíciles y con escasos medios, lo cierto es que de la comparecencia del Ministro, se deduce que, para este Gobierno, todo vale para evitar la entrada en territorio español.

No todo vale para afrontar lo que, sin duda, es una situación que ha de abordarse desde España, pero sobre todo desde la Unión Europea y conjuntamente. Todo Estado tiene derecho a regular la entrada por sus fronteras, pero poner el precio de vidas humanas como peaje, es inasumible e inaceptable.

El Ministro hizo referencia en su intervención a la actuación de mafias que trafican o tratan con seres humanos pero no podemos olvidar que quienes tratan de llegar a territorio español, ya sea a las Ciudades Autónomas, ya sea a la península, son víctimas de estas mafias, no delincuentes. Recurrir al argumento de que quienes intentaron entrar en Ceuta se mostraron violentos como justificación, es pervertir una de las bases del Estado democrático.

Es cierto que el Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire de Naciones Unidas, también mencionado por el Ministro, establece que los Estados reforzaran los controles fronterizos necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito de migrantes, pero sobre todo subraya que se han adoptar medidas para proteger los derechos de las personas que hayan sido objeto del tráfico y, en particular, su derecho a la vida.

UGT entiende que las personas que intentan entrar en territorio español, sean o no víctimas de tráfico o trata de seres humanos, tienen un derecho básico, establecido por las normas internacionales, el derecho a la vida y a la integridad física, que nunca ha de colocarse por detrás de la defensa de las fronteras. El delicado y, a veces difícil de resolver, equilibrio entre el control de fronteras y la existencia de un gran número de personas que intentan cruzarlas, ha de alcanzarse partiendo de que lo primero es el respeto a los derechos humanos básicos.

El sindicato reclama al Gobierno español:

• Que explique su política y actuaciones en materia de control de fronteras
  
• Que no anteponga el control fronterizo a las vidas humanas. Las muertes no son menos lamentables porque se califique a estas personas como “subsaharianos” o “inmigrantes irregulares” o “violentos”.
  
• Que se cree en el Congreso de Diputados una subcomisión específica, para el estudio de la situación actual en el control de las fronteras más sensibles, y cuya finalidad sea proponer medidas, tanto al Gobierno español, como especialmente a la Unión Europea.
  
• Que la Unión Europea asuma de una vez su responsabilidad en esta materia, responsabilidad obviada hasta ahora porque solo unos cuantos países constituimos la frontera del territorio Schengen. Es preciso un debate serio en el seno de la Unión, que hasta ahora ha optado por abordar esta cuestión con más dinero para la vigilancia y detección de inmigrantes que tratan de llegar a territorio de la Unión, pero nada ha hecho para tratar de resolver las causas de esta migración forzada, ni para asegurar que no se pierda ni una vida más.