Cristina Antoñanzas interviene en un Encuentro de la Cadena Ser en Castilla y León

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha reclamado “una regulación normativa integral para erradicar la violencia de género, con políticas eficaces y mayores recursos económicos, y continuar avanzando en la implantación de planes de igualdad y protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo”.

Cristina Antoñanzas ha realizado estas declaraciones durante el Encuentro de la Cadena Ser de Castilla y León con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde ha señalado que “la violencia de género es una lacra y una manifestación del fracaso de nuestras sociedades, especialmente de las que se dicen avanzadas. Y va en aumento porque además las nuevas tecnologías que, sin duda son muy positivas, han generado nuevas formas de ejercer la violencia contra las mujeres al facilitar conductas de control, intimidación, acoso y humillación”.

En este sentido, ha afirmado que “no va a ser posible acabar con la violencia de género mientras que no eliminemos la discriminación y la desigualdad que sufren las mujeres en todos los ámbitos. Y, para ello, el empleo es fundamental, porque para hacer frente a estas situaciones es necesario que la mujer sea independiente económicamente”. De esta forma, el 82,5% de las mujeres que han sufrido violencia son poco independientes económicamente y el 59% estaban en situación de desempleo. Es más, el 71% de las víctimas destaca el desempleo y las situaciones de precariedad como los principales frenos para denunciar.

Para Antoñanzas, “debería garantizarse la inserción laboral de las víctimas de forma específica con políticas públicas útiles, porque las bonificaciones o reducciones de cotizaciones a empresas apenas se utilizan (el 0,009% en el periodo de 2003 a 2016) y cuando se utiliza son contratos precarios y temporales, que no garantizan la suficiente estabilidad. Solo el 26% ha sido para realizar contratos indefinidos. Se necesitan empleos de calidad, estables y con salarios dignos”.

La Vicesecretaria General de UGT ha recordado que “esta lacra va en aumento a todos los niveles. Entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de octubre de 2019, en España han sido asesinadas 1.026 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Hay muchos más casos de violencia de género de los que parece. Faltan datos oficiales, hay miedo a denunciar por falta de políticas de protección adecuadas, etc. Solo conocemos la punta del iceberg de una realidad que está presente en nuestra sociedad, pero que resulta invisible”.

Protocolos contra el acoso laboral sexual en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Cristina Antoñanzas ha reclamado también “introducir medidas contra el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero. UGT ya propuso medidas en el ámbito laboral y no se recogió ninguna”.

Un acoso que, para UGT, “es un fenómeno habitual, normalizado, muy extendido e invisible. La reciente Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018 un gran número de casos no llega a denunciarse como consecuencia de la escasa sensibilización social, el miedo al despido. En España se produce un caso diario por acoso sexual y por razón de sexo (datos 2017 y 2018)”.

Una regulación específica contra el ciberacoso

Además, Antoñanzas ha denunciado que las nuevas tecnologías “se están convirtiendo en una nueva forma de ejercer la violencia contra las mujeres. Su gran capacidad de difusión y viralización hacen difícil su eliminación. Un estudio publicado en 2018 por el Parlamento Europeo, revela que las mujeres están siendo específicamente atacadas por la violencia cibernética y que las mujeres jóvenes están particularmente amenazadas por el acoso sexual y el acoso sexista”.

Por ello, desde el sindicato “demandamos al nuevo Gobierno una regulación específica sobre el ciberacoso en el ámbito laboral. Desde finales de septiembre, contamos con un Protocolo General de Actuación (firmado por el Ministerio de Trabajo y la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD) para la atención de personas que sufren violencia, a través de las nuevas tecnologías, pero se necesita una regulación específica que las proteja y sancione cualquier tipo de violencia de género”.