​La Unión General de Trabajadores considera que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017, presentado ayer por el Gobierno no atiende las necesidades de los ciudadanos, ni de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, dado que plantean un gasto público menguado y menos inversión. Prevén un freno tanto en el crecimiento del empleo como en la caída de la tasa de paro; fían la mejora de la recaudación y la rebaja del déficit público al aumento de la inflación, pero no compensa ese aumento de los precios ni en los salarios de los empleados públicos ni en las pensiones. Es decir, empleados públicos, pensionistas y desempleados con subsidios serán los que aporten recursos a las arcas públicas para que el Gobierno cumpla con sus compromisos con Bruselas. Para UGT, los PGE 2017 deben apostar por la creación de empleo digno, la recuperación de salarios, derechos, y servicios públicos, y con ese objetivo trasladaremos nuestras propuestas a los grupos parlamentarios.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2017 no atiende las necesidades de las personas, ni afronta sus problemas reales de desempleo, pobreza y desigualdad, y resulta incompatible con el progreso social, la igualdad y la propia estabilidad macroeconómica, dado que se traducen en un gasto público menguado (con apenas un aumento del 1,7% en educación y del 2,3% en sanidad) y menos inversión (que cae un 3,3% en general y un 20,6% en infraestructuras).

Además, tal y como señala la Comisión Europea en el Informe España 2017, hoy nuestra economía es más débil y más vulnerable ante shocks externos y vaivenes del ciclo económico internacional. Y esto en un contexto de alto desempleo, paro de larga duración enquistado y alto nivel de desempleo juvenil, y elevado nivel de endeudamiento, aumenta aún más los riesgos para nuestra economía real ante las incertidumbres económicas y políticas internacionales. Hoy en España la actividad económica está caracterizada por menos industria, menos empleo y de peor calidad, y una estructura productiva debilitada por las políticas de austeridad de los últimos años, lo que impide el crecimiento y justo.

Tal y como están diseñados, los PGE 2017 no solo no favorecen el crecimiento real de la economía española, sino que lo frenan, pasando del 3,2% de 2016 al 2,5% previsto para 2017, según el cuadro macroeconómico que los acompaña, que prevé un fortalecimiento del sector exterior (tanto importaciones como exportaciones), mientras se reduce la demanda interna y el consumo privado. Además prevén un freno tanto en el crecimiento del empleo, que pasa del 2,9% en 2016 al 2,5% en 2017, como en la caída de la tasa de paro, que pasa del 19,6% en 2016 al 17,7% en 2017. Es decir, se prevé que se reduzca este año 2,1 puntos frente a la caída de 2,4 puntos del año anterior.

Por otro lado, los PGE 2017 fían la mejora de la recaudación y la rebaja del déficit público al aumento de la inflación, pero no compensa ese aumento de los precios ni en los salarios de los empleados públicos ni en las pensiones. La previsión del Gobierno es que los precios aumenten un 1,5% en 2017 (según distintos analistas, la revisión es del 2,2%, y en enero y febrero de este año el aumento ha sido del 3% y en marzo del 2,3%), de manera que los empleados públicos perderán al menos medio punto de poder de compra y los pensionistas 1,25 puntos en 2017. esto en el mejor de los casos. Es decir, de nuevo serán los empleados públicos, los pensionistas y los desempleados con subsidios los que aporten recursos a las arcas públicas para que el Gobierno cumpla con sus compromisos con Bruselas, compromisos nacionales para exigencias europeas que no hacen sino dilapidar el bienestar y los derechos de los ciudadanos y trabajadores de nuestro país, y que suponen un nuevo ajuste fiscal este año de 1,2 puntos de PIB, es decir, unos 10.200 millones de euros, para trata de rebajar el déficit público del 4,3 % del PIB en 2016 al 3,1% en 2017.

En este sentido, es especialmente grave que se mantenga el déficit de la Seguridad Social por séptimo año consecutivo, que se reduzca la dotación presupuestaria para el sistema de protección a los parados cuando la cobertura de la prestación por desempleo ha caído desde el 71% en 2011 hasta el 55% actual, o que se recorten las inversiones en infraestructuras que podrían contribuir a la modernización del sistema productivo y al crecimiento.

Porque su compromiso debe ser con las personas, para UGT la clave de los PGE 2017 debe ser la creación de empleo digno y la recuperación de salarios, derechos y servicios públicos. Porque ahora es el momento de apostar por una posición fiscal expansiva y de reorientar los presupuestos nacionales a inversiones sociales clave, apostando por el crecimiento inclusivo, el reparto de los beneficios de la recuperación y la lucha contra la desigualdad y la precariedad, y no por más desregulación, nuevas devaluaciones salariales y más precariedad laboral.

Los ingresos tributarios previstos para 2017 suponen un incrementado de casi un 8% respecto al año anterior, objetivo de dudosa consistencia, dado que en el último año aumentó un 1,6%, debido en parte a las rebajas de impuestos contraproducentes y electoralistas. Aun así, descontando estas rebajas, el aumento fue del 5,3%, casi 3 puntos menos del previsto para este año, en un escenario de menor crecimiento y más incertidumbre exterior. En resumen, que si no se cumplen estos objetivos en la recaudación, el Gobierno tendrá que aumentar impuestos, recortar gastos o incumplir sus compromisos de déficit con Bruselas.  Y UGT apuesta por la mejora de la recaudación. Porque sin ingresos públicos suficientes no podremos ni reducir el déficit de manera estable, ni sostener un estado de bienestar robusto ni disponer de servicios públicos de calidad. España necesita recaudar más y hacerlo de manera más justa, es decir, repartiendo los esfuerzos mejor, aumentando la progresividad global del sistema, de manera que paguen más los que más tienen.

Se trata de diseñar una política fiscal desde el consenso social y político que permita a España crecer de forma estable y sostenida en el tiempo, que permita contribuir al cambio de modelo productivo que defiende la Unión General de Trabajadores y que necesita el país. Y, para ello, UGT propone llevar a cabo una reforma fiscal integral, que actúe sobre todas las figuras tributarias, que tenga como eje central el nivel de renta de los contribuyentes; acometer un plan de choque de lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida; e impulsar a nivel nacional, europeo e internacional la lucha contra los paraísos fiscales y contra las prácticas de elusión de impuestos de las grandes empresas. Sólo persiguiendo el fraude fiscal podrían recaudarse más de 80.000 millones de euros, un dinero que permitiría desarrollar políticas sociales y de empleo.

Desde UGT denunciamos que una vez más que no ha habido interlocución previa del Gobierno con los interlocutores sociales en relación a los PGE. A partir de ahora, y una vez se han presentado al Congreso de los Diputados, presentaremos las enmiendas correspondientes a través de los distintos grupos parlamentarios con la idea de lograr unos PGE 2017 al servicio de las personas.