​El escenario macroeconómico que ha presentado hoy el Consejo de Ministros, impuesto por la Comisión Europea por incumplir los objetivos de déficit, va a suponer menos gasto público, menos inversión y más recortes. Los ciudadanos no son los culpables de la incompetencia de un Gobierno que, con sus políticas, ha dado lugar a un modelo económico incompatible con el progreso social, la igualdad y la propia estabilidad macroeconómica. No se trata de recortar, sino de recaudar. Por ello, UGT demanda a las instituciones europeas una política económica y social expansiva y a nuestro Gobierno una reforma fiscal integral, con el fin de conseguir un sistema más justo y equitativo y aumentar la recaudación. Este objetivo, junto con la lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad deben ser los retos del próximo Gobierno para conseguir una recuperación real y social de nuestra economía.

La evolución de la economía española vuelve a cambiar de rumbo. El nuevo escenario macroeconómico presentado hoy por el Consejo de Ministros es el resultado de las obligaciones que ha impuesto la Comisión Europea a España para 2017 y 2018, por el incumplimiento de los objetivos del déficit. El Ejecutivo en funciones presenta públicamente unas cifras mejoradas para 2016 que esconden un empeoramiento de la situación en 2017, como es el hecho de que la tasa de paro acabe en casi un 18% y el PIB, el gasto público y la inversión se ralentizarán.

Desde abril de 2009 España está dentro del marco correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y recibió la recomendación de corregir su déficit excesivo en 2016. A pesar de los recortes sufridos y de las reformas impuestas en nuestro país desde entonces, y de acuerdo con las previsiones de primavera de 2016 de la Comisión, España no va a alcanzar el objetivo de déficit previsto para 2016. Por eso, desde las instituciones europeas, se nos obliga a seguir una nueva senda fiscal que pone fin a la presente situación de déficit excesivo en 2018.

Estas obligaciones se traducen en que España deberá reducir su déficit público al 4,6% del PIB en 2016, hasta el 3,1% del PIB en 2017 y al 2,2% del PIB en 2018. Además, España deberá adoptar y aplicar plenamente las medidas de consolidación que ascienden a 0,5% del PIB en 2017 y 2018, y tendrá que adoptar nuevas medidas en caso de riesgos de los planes presupuestarios a materializar.

Es decir, habrá más recortes, porque no se puede fiar la economía a un crecimiento débil, insostenible y desigual y al empleo precario y devaluado. Bruselas ya puso en duda, en su momento, las cuentas presentadas por el ejecutivo español e insistió una y otra vez en el riesgo de incumplimiento del déficit y ahora ha dicho basta. A pesar del crecimiento de le economía española, los desequilibrios y las desigualdades persistentes en nuestro país ponen en riesgo su futuro. Porque el crecimiento económico no se traslada a los ciudadanos y trabajadores de nuestro país, y nuestro modelo de crecimiento es tan dependiente de actividades y factores estacionales y tradicionales, que la economía española es muy vulnerable a los vaivenes del ciclo económico internacional.

Las políticas erróneas que han dado lugar a un modelo económico y productivo incompatible con el progreso social y la igualdad, y con la propia estabilidad macroeconómica, no pueden volver a repetirse porque las políticas impuestas en España en los últimos años solo han conseguido debilitar de la estructura económica y aumentar la desigualdad social. Las consecuencias derivadas del duro ajuste fiscal que nos exigen desde las instituciones europeas en 2017 y 2018, que deben concretarse en medidas estructurales, es decir, desvinculadas del ciclo económico, y con carácter permanente, no pueden ni debe traducirse en más recortes y más austeridad, porque los ciudadanos y los trabajadores de este país no son los culpables de la incompetencia del Gobierno y sus letales promesas electorales, traducidas en reformas fiscales que han dado al traste con la recaudación y el cumplimiento del déficit. Sin pudor, el Gobierno ha rebajado impuestos objetivos electorales, rebajas que han estado vinculadas a recortes sociales, generando mayores niveles de pobreza y exclusión en España.

La clave para salir de la crisis en términos sociales y laborales, y no solo en las estadísticas macroeconómicas (hoy a la baja) pasa por combatir la creciente desigualdad social. Para ello, UGT demanda a las instituciones europeas una política económica y social expansiva, para poder reconstruir el modelo social europeo: con una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y con derechos conseguidos mediante la negociación colectiva.

En nuestro país, UGT demanda un incremento de la recaudación fiscal, a través de una reforma integral del sistema tributario, de tal forma que sea más justo y equitativo y pague más quien más tiene. Sólo así se logrará mantener el Estado de Bienestar en nuestro país. No se trata de recortar, sino de recaudar. Y en esta clave deben establecerse los objetivos de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2017 y los retos del nuevo Gobierno para los próximos cuatro años: la lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Porque la recuperación real y social de nuestra economía (conviene recordar que la economía somos todos), pasa por finiquitar de inmediato las políticas de austeridad que han agravado sistemáticamente los efectos de la crisis.