La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras manifiestan su decepción por el hecho de que el Senado no haya aprobado la enmienda a la Ley de Presupuestos 2016 en desarrollo de la Ley 30/2015, sobre la reanualización de los fondos de formación (remanentes de fondos no gastados).

Ambas organizaciones lamentan que el Senado tampoco haya aprobado íntegramente, la financiación de la red de centros públicos y la financiación para los representantes de la Organizaciones Empresariales y Sindicales que desarrollen funciones relacionadas con la Negociación Colectiva y el Diálogo Social que conjuntamente presentaron al Ministerio de Empleo y a los grupos parlamentarios. El Gobierno vulnera así el principio de carácter finalista de la cuota de formación e infringe su propia ley de formación profesional para el empleo aprobada recientemente.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 contempla que los fondos provenientes de la cuota de formación profesional se destinarán a financiar el sistema de formación profesional para el empleo regulado en la Ley 30/2015. De igual forma, la citada ley impone al Gobierno en su Disposición Adicional Octava, la obligación de incorporar al sistema de formación profesional en el ámbito laboral, los remanentes que pudieran producirse en cada ejercicio.

Por otro lado, el reciente 8 de octubre, el BOE publicaba el informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas gestionadas por el servicio público de empleo estatal (SPEE) y en el mismo se dice: "Este Tribunal de Cuentas considera que las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en relación con la financiación del subsistema de formación profesional para el empleo establecen una afectación de los fondos procedentes de la cuota de formación profesional, destinados a financiar el subsistema de formación profesional para el empleo, lo que obliga al SPEE a calcular un remanente de tesorería, de cada ejercicio, que se integre en el presupuesto de gastos, del ejercicio siguiente, vía incorporación de crédito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.b) de la LGP al exponer que «se podrán incorporar los remanentes de crédito del ejercicio anterior procedentes de las generaciones de crédito a que se refiere el artículo 53.2.e)»". Es decir, también el Tribunal de Cuentas considera la cuota finalista y de necesaria reanualización los créditos no gastados en el año anterior.

En esta situación, el Partido Popular, a través de una transaccional presentada por su grupo en el Senado, ha burlado esta  obligación legal de reincorporar las cantidades no asignadas en materia de formación,  limitando la cantidad objeto de reanualización al  9% de la cantidad que la Ley establece como remanentes de crédito incorporables, cual es la destinada a la formación de trabajadores ocupados y que es gestionada directamente por el SEPE. El resultado es que cualquier cantidad presupuestada que no se gaste en el ejercicio no retornará  al sistema de formación.

Lamentablemente esta situación, de no tener una corrección, va a suponer que trabajadores y empresas no puedan utilizar unos fondos para su formación, fondos que proviene de una cotización para esa finalidad y que el Gobierno está utilizando para otras finalidades, como el propio Tribunal de Cuentas critica en su último informe de fiscalización.

Por último, tampoco se han recogido íntegramente dos propuestas presentadas por los sindicatos, y que también iban en la línea de las obligaciones contraídas en la Ley 30/2015 así:

• La reserva presupuestaria para formación impartida a través de la red pública de centros de formación se ha rebajado a 20 millones €, de los 30 que habíamos propuesto CCOO y UGT. Vemos la falta de voluntad para aprovechar más y mejor una red de centros públicos con gran capacidad de oferta de formación de calidad.
  
  
• No se ha recogido, tampoco, la propuesta de destinar el 1% de la Cuota de Formación Profesional para financiar la formación que se establece en la Ley 30/2015, necesaria para que los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales desarrollen funciones relacionadas con la negociación colectiva y el Diálogo Social. Su cuantificación es también una obligación que se establece la Ley 30/2015 Art. 6 Financiación punto 7 que dice "se destinará la cuantía que anualmente establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado" Pues bien la Ley GPE 2016 no ha establecido cuantía ninguna.

Una vez más vemos como el Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta, incumplen los compromisos y obligaciones que contraen y en este caso todavía más, al incumplir su propia ley, que tanto han publicitado.