​Sin acuerdo. Así se aprobó en 2013 el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, en la que el Gobierno limitó la capacidad de los agentes sociales a la simple elaboración de aportaciones a su propio documento, y así se ha modificado ahora el programa de la Garantía Juvenil.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social comunicó ayer, tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en la que participaron las Comunidades Autónomas, que se llevaría a cabo una modificación legislativa para que el sistema de Garantía Juvenil se amplíe hasta los 29 años, frente a los 25 actuales.

Más allá de la política de hechos consumados de la que vuelve a hacer gala el Ministerio de Fátima Báñez, al limitarse a comunicar su decisión a los agentes sociales una vez adoptada, UGT y CCOO quieren manifestar una vez más su inquietud por el desarrollo del plan de la Garantía Juvenil.

En primer lugar, porque aún no se ha constituido la Comisión de Seguimiento de la Garantía Juvenil, que es el espacio en el que deberían abordarse estas cuestiones, así como tratar el estado de su implantación y contrastar su eficacia. La implicación de los agentes sociales en el desarrollo de esta estrategia no es sólo una reivindicación de los sindicatos, para garantizar las mejores condiciones de inserción de la juventud, sino que es una recomendación expresa de la Comisión Europea.

En segundo lugar, porque CCOO y UGT ignoran cómo se va a financiar la ampliación de la edad del colectivo al que se dirige el programa, dada la imposibilidad técnica de hacerlo con los fondos europeos destinados a la Garantía Juvenil. 

A juicio del sindicato, esta decisión no parece más que un maquillaje estadístico para ocultar el rotundo fracaso que la estrategia implementada por el Gobierno está cosechando en España. 

De hecho, UGT y CCOO ya denunciaron en marzo que el programa sólo cubría a un 7,2% de las personas de hasta 25 años potencialmente beneficiarias, un porcentaje del todo insuficiente a tenor de la gravísima situación sociolaboral de la población más joven.

Con independencia de esta inquietud justificada, UGT y CCOO no se oponen a la ampliación del plan de la Garantía Juvenil a más colectivos, como el de las personas jóvenes de hasta 29 años, ya que de hecho ésta fue una de las propuestas planteadas por los sindicatos y que fue desoída en su momento por el Gobierno,  pero exigen participar en el desarrollo del programa, a través de la Comisión de Seguimiento, y recibir información y datos exactos de su implantación, para asegurar una aplicación correcta de una estrategia que resulte útil como medida paliativa para atender las necesidades inmediatas de gran parte de la juventud española y en ningún caso como una herramienta que precarice más, si cabe, sus condiciones de trabajo o de inserción en el mercado laboral.