​UGT considera que la evaluación de los resultados de la aplicación de la Ley de Dependencia presentada hoy en el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la dependencia parece estar dirigida a justificar los cambios legislativos que pretende realizar en la ley. El sindicato denuncia además, que el proyecto de Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones suprime los principios de igualdad, no discriminación y universalidad que se habían consagrado en la Ley al condicionar el acceso al sistema en función de las rentas del beneficiario y que incluso las rentas más bajas, por debajo del umbral de la pobreza, terminarán participando en los costes. El objetivo es que los ciudadanos paguen aún más. 

 Hoy ha tenido lugar el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la dependencia, cuyo orden del día se ha centrado en la presentación de la evaluación de los resultados de la aplicación de la Ley de Dependencia, una propuesta de Acuerdo para la mejora del sistema, y el proyecto de Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones.

 Para UGT, la evaluación que el Gobierno ha presentado hoy, aparte de inconexa y no estar finalizada, parece estar más dirigida a justificar los cambios legislativos que pretende realizar en la ley, que no se han detallado y que conocemos a través de los medios de comunicación. Un mero análisis de gastos que no contempla la calidad y eficiencia de los servicios.

 Se basa únicamente en lo que parece ser que ponen de manifiesto las Comunidades Autónomas y se omite cualquier evaluación anterior, (el Gobierno anterior presentó en noviembre de 2011, una evaluación completa y detallada, que nunca llego a aprobarse en el Consejo Territorial al negarse las CCAA, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular). 

 Se está hablando de desigualdad de la Ley, de fraude de los cuidadores etc., con el único objetivo de justificar la modificación de la Ley cuando lo único cierto es que el incumplimiento normativo responde a la dejadez de las Comunidades Autónomas a la hora de aplicar la normativa existente, así como a desarrollar sus propias normas tal y como les confiere el art 10 de la Ley dentro de su ámbito competencial.

 En cuanto a las propuestas de acuerdo que se pretenden presentar en el próximo Consejo Territorial, prevista para el próximo día 10, se han adelantado, sin entrar en contenidos, algunas como la modificación de la estructura actual que existe entre los grados y niveles, eliminando los dos niveles que comprende cada uno de los grados; la modificación de la figura del asistente personal a cada uno de los grados; modificar el copago del beneficiario o la ponderación de los servicios frente a las prestaciones económicas. 

  También se han mencionado medidas como la incompatibilidad completa de las prestaciones,   revisión de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar -con intención de suspender el convenio especial realizado con la Seguridad Social-, modificación del calendario de aplicación de la Ley en el Grado 1 hasta el 2015 o establecer como medidas de ahorro la modificación de las cuantías de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. 

Medidas de gran calado que afecta al espíritu de la ley y cuyo contenido desconocemos y que incluso se han anunciado en el día de hoy. 

Respecto al Proyecto de Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones del Sistema UGT considera que: 

•Se está condicionando el acceso o no al sistema en función de las rentas del beneficiario, lo que incumple los principios de no discriminación.

•Incluso las rentas más bajas van a acabar participando en los costes con los topes tan rigurosos establecidos. Esto puede derivar en la desincentivación de la prestación y del propio sistema, de forma que después de unos años, el sistema esté tan debilitado que probablemente sea sostenible financieramente pero inexistente en cuanto a prestaciones generando un sistema únicamente asistencialista.

•Esta es una ley que afecta a la capacidad económica del beneficiario del sistema, sin embargo los menores de edad beneficiarios que no tengan capacidad económica personal, vendrán determinados por la capacidad de su tutor. Algo que contradice la propia ley y los principios de la misma.

•En un contexto de falta de recursos económicos, se rebaja la cuantía a partir de la cual un beneficiario debe contribuir al sistema al 75% del IPREM, cuantía excesivamente baja porque, en la práctica, todos los beneficiarios incluso de los rentas mínimas, que no olvidemos que con estas cifras se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, deberán contribuir al sistema. 

• Para UGT esto significa crear un sistema de atención y cuidados que contribuye muy directamente a desarrollar un sistema del Estado de Bienestar y mediante un Real Decreto, hacer que personas por debajo del umbral de la pobreza tengan que aportar al sistema, eliminando todos los principios de igualdad, no discriminación universalidad que se habían consagrado en la ley.​