​El Consejo de Ministros ha aprobado en el día de hoy un marco de actuación para fortalecer los derechos de las personas mayores, que ya anunció en 2012 y 2013 y nunca llegó a aprobar.

Un plan que, para la Unión General de Trabajadores, demuestra la inoperancia del Gobierno a la hora de abordar las necesidades de los mayores, ya que únicamente establece orientaciones generalistas y vacías de contenido, sin actuaciones concretas.

UGT reclama una ley integral de protección a los mayores que contemple medidas en los ámbitos de la salud, la vivienda o la protección social, económica y jurídica, entre otras cuestiones, que posibilite una verdadera igualdad de los mayores, garantizándoles el acceso a todos los bienes y servicios y velando por la igualdad de trato y la no discriminación por razón de edad.

En el día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado un marco de actuación para las personas mayores, en el que se pretende recoger propuestas y medidas para fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas mayores.

Desde UGT, queremos manifestar nuestra sorpresa ante una medida cuya presentación y difusión ya se realizó en el año 2012 y 2013, y su ulterior aprobación e implementación nunca se produjo.
Respecto a las líneas de actuación que se contemplan en el documento, únicamente se establecen orientaciones generalistas y vacías de contenido que no contienen actuaciones concretas, poniendo de manifiesto la inoperancia del gobierno a la hora de abordar las necesidades de los mayores.

Para UGT, es llamativa la confusión del Gobierno entre lo que son los trabajadores mayores, o de más edad, y las personas mayores. Así, vemos como a lo largo del documento, se intercambian medidas dirigidas a la no discriminación de los trabajadores de más edad, a la vez que se fijan propuestas dirigidas a la integración laboral de personas mayores de 65 años.

En un escenario donde las tasas de paro alcanzan al 21,18% de la población trabajadora y los trabajadores y trabajadoras son expulsados del mercado laboral, el Ejecutivo pretende perpetuar a las personas mayores en el trabajo para que sigan manteniendo su cuota de responsabilidad en la sociedad, además de suponer un ahorro a las arcas públicas en el pago de las pensiones.

Incluso fija como objetivo el incremento de la cifra de personas trabajadoras mayores de 65 años para que continúen desarrollando su actividad laboral prolongando voluntariamente la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.

Respecto a las supuestas medidas para revisar los regímenes fiscales y de beneficios para las personas mayores, UGT manifiesta que no existe a lo largo del plan ninguna propuesta que vaya más allá de lo que ya existe, como  la exención en la tributación de las plusvalías obtenidas por la venta de elementos patrimoniales de las personas mayores de 65 años.

Desde el sindicato queremos destacar la contradicción que llevamos arrastrando durante toda la legislatura en esta materia.

Desde el tan anunciado Estatuto del Mayor (cuyo contenido originariamente era dotar de derechos y  seguridad jurídica a los mayores en todos los ámbitos que les afectan) a encontrarnos con un correlato de intenciones generalistas y políticas de recorte que sí ha impuesto y continúan en vigor, como el repago sanitario, el recorte y la reforma del sistema para la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia y la subida del impuesto de la renta, además de mantener la incertidumbre sobre las pensiones (no solo sobre su revalorización conforme al IPC, sino también por las posibles modificaciones que se pueden producir en perjuicio de los perceptores).

Medidas que han supuesto un gran detrimento para este colectivo y afectan a la calidad de vida de las personas mayores.

Hemos asistido a un desmantelamiento del Estado de Bienestar y a la ruptura social y económica cuya creación fue fruto de años de reivindicaciones y conquista de derechos por parte de nuestros mayores.

Por todo ello, UGT reivindica, de forma contundente, una verdadera igualdad de los mayores, garantizándoles el acceso a todos los bienes y servicios y velando para que no se produzcan discriminaciones por razón de edad.

Para ello, el sindicato demanda una ley integral de protección a los mayores que contemple los ámbitos de salud, vivienda, protección económica, jurídica, cultura y ocio.

Reivindicamos pensiones dignas y suficientes, el desarrollo de una protección específica de la salud y el fomento del envejecimiento activo, asegurar una protección jurídica de los mayores a través del acceso a la justicia gratuita junto con el desarrollo de la figura del defensor del mayor, revisar desde el punto de vista fiscal y para su posible deducción, los tramos de IRPF y los tipos aplicables a los mayores con cargas familiares; además de crear espacios de interlocución social, consulta y participación de los mayores.