​La Unión General de Trabajadores denuncia que las previsiones económicas del Gobierno empeoran las previsiones de paro para este año y el próximo, como consecuencia del fracaso de las políticas de austeridad que ha practicado y los 2.000 millones de recortes que tendrá que hacer.  

UGT considera que el aplazamiento concedido por Bruselas no saldrá gratis, sino que vendrá acompañado de nuevos recortes y reformas, algo que resulta inaceptable.

Lo que necesita nuestro país, y Europa, es cambiar de políticas para solucionar los problemas más acuciantes que sufre la mayoría de la población y plantear medidas hacia una senda de crecimiento real, equilibrado y sostenible, que genere empleo de calidad y con derechos y reduzca las desigualdades.  

El Gobierno ha hecho públicas hoy unas nuevas previsiones macroeconómicas, que al parecer podrían contar con el beneplácito de Bruselas, insertas en una senda de ajuste presupuestario que aplaza un año la rebaja del déficit por debajo del 3%. Será por tanto en 2017 cuando se sitúe en el 2,9%, cuando la previsión anterior era que alcanzara ya en 2016 el 2,8%.

Las renovadas previsiones suponen también una rebaja de la estimación de crecimiento económico, de tres décimas para 2016 y de medio punto porcentual para 2017, y una mayor deuda de la prevista hasta ahora, aunque se mantenga prácticamente estable ligeramente por debajo del 100% del PIB.

Estas nuevas previsiones no hacen sino confirmar lo que todo el mundo sabía, y que desde UGT hemos denunciado reiteradamente: que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 son irreales, que sus cifras no soportan el contraste con la realidad, y que en consecuencia, el Programa de Estabilidad elaborado por el Gobierno era también un ejercicio de ficción. La llamada de atención de Bruselas en este sentido ha obligado a que el Gobierno en funciones rectifique ya.

Pero las cifras ofrecidas hoy confirman también otras cuestiones, de mayor trascendencia. De un lado, que la estrategia de austeridad a ultranza que se ha aplicado en España desde 2010, y con más intensidad desde 2012, ha fracasado. Aunque el déficit público se ha venido reduciendo, hay que recordar que se han incumplido reiteradamente los objetivos planteados por la Comisión Europea. No ha habido un solo año que se lograra cumplir con las directrices europeas en esta materia.

Este incumplimiento persistente no es resultado de una impericia continuada en la elaboración de previsiones por parte de la Comisión y del Gobierno de España, sino que es el resultado lógico de unas directrices que se sabía de antemano que eran imposibles de cumplir. Tanto las autoridades europeas como el Ejecutivo español sabían año tras año que nuestro país no podría cumplir con los objetivos planteados, pero se han utilizado como instrumento para forzar un ajuste intensivo, y aplicar así recortes y reformas que de otra manera serían muy difíciles de justificar.

El problema es que esa reducción del déficit se ha realizado a costa de reducir las prestaciones fundamentales de nuestro sistema de protección social (desempleo, pensiones, prestaciones sociales, dependencia), de desmantelar progresivamente los servicios públicos esenciales (sanidad, educación), y de estrangular las capacidades de crecimiento económico. Es decir, que la reducción del déficit ha provocado una reducción de nuestro de por sí débil estado de bienestar y el aumento de los niveles de desigualdad y pobreza.

Además, la deuda pública no ha parado de crecer. Con los datos parciales conocidos el viernes (hasta febrero), España alcanza su nivel máximo de siempre, y ya es la cuarta deuda pública en términos relativos (en porcentaje de su PIB) de toda la zona euro (tras las de Italia, Portugal, Chipre y Bélgica). Las nuevas previsiones revisan también al alza los objetivos, y la sitúan prácticamente estable en torno al 99% en 2016 y 2017. Esta incapacidad para reducir la deuda es también prueba de la escasa eficacia de la política de austeridad y recortes para contener los principales desequilibrios macroeconómicos de nuestro país.

Con todo, probablemente el dato que mejor exprese el rotundo fracaso de la actual política económica es el hecho de que en las nuevas previsiones se aumenta la estimación para la tasa de paro en ambos años, con respecto a lo previsto hasta ahora. Y eso a pesar del drástico empeoramiento de la calidad del empleo que han promovido las reformas laborales impuesta desde 2010, y en especial la llevada a cabo por el Gobierno del PP en 2012 y sus sucesivas vueltas de tuerca.

En este contexto, sin duda otra de las conclusiones que cabe extraer de las nuevas previsiones es que, a pesar de la rebaja del tono del discurso tanto desde la Comisión Europea como desde el Gobierno español, seguimos inmersos en la lógica insostenible de recortes y empobrecimiento generalizado. El enésimo aplazamiento de los objetivos de déficit no saldrá gratis, sino que se plantea como moneda de cambio de la aplicación de nuevos recortes y de nuevas reformas.

A esta lógica obedece el anuncio el pasado viernes día 15 de abril por parte del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de un recorte de gasto (“acuerdo de no disponibilidad de crédito”, en el lenguaje más técnico) de 2.000 millones de euros con el objetivo de reducir el déficit público. Aunque el Ministro dijo que este nuevo ajuste no afectará al gasto social, lo cierto es que se trata de otro recorte que perjudicará al crecimiento económico y, por ello, a la creación de empleo. Y todo parece indicar que se trata tan solo de un anticipo de las nuevas exigencias de Bruselas. En este sentido van también las recomendaciones realizadas hoy mismo por el Banco Central Europeo, reclamando esfuerzos adicionales y “fuertes reformas” a nuestro país.

UGT no va a aceptar nuevos recortes. La mayoría de la población española no puede soportar más sufrimiento. La austeridad es una vía fracasada, en España y en Europa. Lo que se necesita no son más recortes, sino renegociar en Europa la senda de reducción del déficit a medio plazo, y sobre todo, cambiar las políticas económicas. Porque el mejor antídoto contra el déficit, la deuda y el paro es el crecimiento económico, el aumento del PIB, y para que este se consolide y refuerce se necesita una política expansiva, que aumente el gasto público de manera selectiva sobre las partidas esenciales para el desarrollo: inversiones industriales, I+D+i, protección social y servicios públicos esenciales.

Para ello, UGT reivindica la necesidad de que haya un gobierno de cambio y progreso, que se comprometa a adoptar un paquete de medidas imprescindibles para solucionar los problemas más acuciantes que sufre la mayoría de la población, que promueva las medidas necesarias para encaminar a nuestro país hacia una nueva senda de crecimiento equilibrado y sostenible, generadora empleo de calidad, y que impulse en Europa un cambio de orientación política que ponga el acento en el crecimiento económico y la reducción de desigualdades.