• ​Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en vivienda son insuficientes (menos dinero que en tiempos de crisis) y nada sociales, pues no dan respuesta a miles de ciudadanos/as que no pueden acceder a una vivienda digna o bien se ven expulsados de la misma.

• Son cuentas opacas. No se sabe el dinero que va a percibir cada Comunidad Autónoma ni los criterios a seguir (en años anteriores, en este reparto no se tenía en cuenta ni la población, ni el parque de viviendas construido)

• UGT exige aumentar el gasto público en vivienda hasta que alcance el 1,5% del PIB, recuperar las ayudas a las familias y colectivos más vulnerables (violencia de género, parados de larga duración, extranjeros, etc.) y a los jóvenes para facilitar su emancipación.

• Conformar el derecho a una vivienda digna y adecuada como un derecho subjetivo, ante situaciones de necesidad y cuando se carezca de recursos.

Los PGE para 2018 denotan que el Gobierno del PP renuncia a hacer verdaderas políticas activas en vivienda al destinar cada vez menos recursos públicos a un problema tan acuciante. Así, aunque a nivel global aumenta un 1,49% respecto a 2017, aún está lejos del PIB previsto para este año (2,4%) y muy lejos del dinero que se destinaba en 2014, en plena crisis (799 millones frente a 473 millones ahora). Además, el Programa donde se incluye el Plan de Vivienda 2018-2021, con el que se pretende el acceso por parte de la ciudadanía a una vivienda digna, sufre una disminución con respecto al año anterior de un -0,03%.

Por otra parte, son unas cuentas que llegan tarde y con un total obscurantismo en cuanto a sus objetivos y en cuanto a su reparto, pues no se sabe el dinero que va a percibir cada Comunidad Autónoma y si para ello se van a seguir aplicando los mismos criterios seguidos en planes anteriores, que no tenían en cuenta ni la población actual ni el parque de viviendas construido.

UGT considera que para facilitar “el derecho a una vivienda digna”, tal y como recoge la Constitución habría que establecer medidas como:

• Incorporar a nuestro ordenamiento constitucional el derecho a una vivienda digna y adecuada cuando se carezca de recursos. Debe ser un derecho subjetivo, ante situaciones de necesidad.

• Aumentar el gasto público en vivienda intentando que se alcance el 1,5% del PIB.

• Establecer reformas legislativas (Ley Arrendamientos Urbanos, Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otras), que hagan prevalecer el derecho de las personas a una vivienda digna frente a intereses económicos empresariales y financieros. Se deberían crear servicios independientes de mediación y arbitraje entre entidades financieras y personas deudoras y, en caso de pérdida de la vivienda, fomentar mecanismos para que los deudores puedan permanecer en su domicilio o acceder a una vivienda social, en régimen de alquiler, a un precio asumible en relación con su renta.

• Constituir Parques Públicos de Alquiler Social en el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, gestionados con instrumentos públicos al objeto de que el alquiler nos acerque a cifras de la UE (17% nacional, frente al 30,8% de la UE).

• Recuperar la financiación y las ayudas dedicadas a vivienda (propiedad, alquiler), en particular aquellas destinadas a las familias y colectivos más vulnerables (violencia de género, parados de larga duración, extranjeros, etc.) y a las personas jóvenes para facilitar su emancipación.

• Crear un órgano coordinador de todas las administraciones con competencia en materia de vivienda, con la participación de los interlocutores sociales.

• Adoptar medidas institucionales para evitar situaciones como un excesivo sobreendeudamiento de las familias y prevenir la formación de nuevas burbujas inmobiliarias. Es imprescindible crear Observatorios de la Vivienda en las Comunidades Autónomas para elaborar planes de necesidades y evitar la especulación inmobiliaria.

• Establecer estrategias públicas de rehabilitación, en las que se preste especial atención a la recuperación de conjuntos históricos, barrios degradados, centros urbanos y renovación de viviendas y edificios existentes (eficiencia energética), articulándose mecanismos que den participación a los agentes sociales.

• Potenciar nuevas fórmulas alternativas en materia habitacional: viviendas colaborativas, derecho de superficie, tenencia temporal, etc.