​Solo 19 de cada 100 desempleados menores de 30 años están inscritos en el Plan de Garantía Juvenil a 31 de marzo. Para UGT, el impacto de este plan está siendo nulo, y el  Gobierno sigue obviando el diálogo social en esta materia, por lo que se desconocen las actuaciones que se están llevando a cabo en el marco de este plan en materia de orientación, formación e inserción. Por ello, UGT reclama al Ejecutivo que convoque ya la Comisión de Seguimiento del Plan de Garantía Juvenil con la participación de los interlocutores sociales, cumpliendo así con el compromiso que ha adoptado en los dos últimos Consejos del Sistema Nacional de Empleo. Son necesarias otras políticas en materia de empleo juvenil, que cuenten con los interlocutores sociales y mejoren la colocación y la cualificación para este colectivo.

UGT reclama que el Gobierno (en funciones) convoque la Comisión de Seguimiento del Plan de Garantía Juvenil con la participación de los interlocutores sociales, cumpliendo con el compromiso que ha adoptado en los dos últimos Consejos del Sistema Nacional de Empleo.

Para UGT, el impacto del Plan de Garantía Juvenil en el mercado de trabajo está siendo nulo. La evolución anual del colectivo de jóvenes hasta 29 años señala un descenso en el número de desempleados (en 181.100 jóvenes), pero que sin embargo ha ido acompañado de una caída en el empleo en este grupo (2.100 ocupados menos).

La explicación es sencilla, pues en el último año se han perdido 183.200 activos menores de 30, afectados por el desánimo y, en muchos casos, obligados por la situación a buscar oportunidades de empleo en el extranjero. UGT advierte de las consecuencias nefastas que a largo plazo tendrá para España esta pérdida de jóvenes en edad de trabajar.

Según los datos de los registros de las oficinas de empleo, en abril, 341.057 menores de 25 años se encontraban en desempleo. Unos datos que contrastan con los publicados por la Encuesta de Población Activa la semana pasada, que señalaba que en este rango de edad se encontraban en paro 670.100 personas.

Una diferencia que se explica en parte por el desinterés que suscita entre los jóvenes el estar registrados en las listas de los Servicios Públicos de Empleo.

Percepción que se agrava al analizar los datos del registro propio del Plan de Garantía Juvenil: a 31 de marzo, 245.725 jóvenes menores de 30 años estaban inscritos, sólo un 19% de los desempleados EPA de este tramo de edad. Los jóvenes encuentran pocos incentivos para darse de alta en un sistema del que se desconocen sus ofertas de formación y empleo.

A día de hoy, a pesar de la insistencia por parte de UGT en solicitar los datos, desconocemos las actuaciones que se han llevado a cabo en el marco de este plan, ejecutadas por las CCAA, en materia de orientación, formación e inserción. La Recomendación del Consejo Europeo sobre la Garantía Juvenil señala que los menores de 25 años (en España, en 2015 el Gobierno tomó la decisión de ampliar el colectivo de beneficiarios hasta los 29 año) puedan recibir en un plazo máximo de cuatro meses una oferta de empleo, de educación o formación, tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Tras casi dos años de funcionamiento en nuestro país, desconocemos si se ha cumplido.

En total, desde Europa deberían llegar a España 1.887 millones para cofinanciar gastos para jóvenes no ocupados y que no están recibiendo formación. Si dicho gasto no llega a ejecutarse, no será posible justificarlo y los euros retornarán a Europa.

Es hora de que el Gobierno reflexione sobre sus políticas de empleo y se plantee unas políticas activas, públicas, que no se basen en subvencionar al sector privado a través de las bonificaciones a la contratación, y que mejoren el empleo y la cualificación, en este caso entre los jóvenes. Hace falta pasar de las palabras bonitas, como las pronunciadas por la ministra de Empleo en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, a los hechos, y la realidad es que el Gobierno del PP ha eliminado durante su legislatura el papel que los interlocutores sociales tenían reconocidos por ley.

Además, la ministra abogaba por nuevas reformas que mejorasen la capacidad de los mercados de trabajo, pero desde UGT consideramos que, si las reformas siguen la línea de su reforma laboral de 2012, volverán a tener a las organizaciones sindicales en contra, ya que ese no es el camino.

Por ello, UGT vuelve a exigir al Gobierno que cuente con los interlocutores sociales y convoque ya la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España, de diciembre de 2013, tal y como se establece en la página 40 del plan: “La evaluación de la Garantía contará con la participación de los Interlocutores Sociales por medio del Consejo del Sistema Nacional de Empleo”.