​UGT exige al Gobierno que reúna, de manera inmediata, a los interlocutores sociales para abordar la situación de los empleados y empleadas de hogar y explique los motivos de la desaparición de la reducción del 20% de la aportación del empleador a la cotización por contingencias comunes desde el pasado mes de julio, coincidiendo con la entrada en vigor de los PGE de 2017. Una reducción que debe estar vigente (tal y como marca la ley) y que de desaparecer perjudicaría a un colectivo ya de por sí precarizado, ya que tanto el salario como otras condiciones de empleo, en especial la jornada de trabajo, están directamente relacionadas con las posibilidades económicas de los empleadores. Estos trabajadores tienen los salarios más bajos de todas las ramas de actividad (su salario medio bruto mensual es un 60% inferior al salario medio mensual del conjunto de las personas asalariadas), el 54´5% de quienes trabajan en el empleo doméstico para empleadores particulares, lo hacen a tiempo parcial y sólo un 2,4% del total de asalariados en el sector trabajan a jornada completa.  

Desde el pasado mes de julio, con la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, ha desaparecido la reducción del 20% de la aportación del empleador a la cotización por contingencias comunes. Sin embargo, en la Orden de 9 de Febrero que desarrollaba las normas de cotización para el año 2017, figuraba esta reducción de cuota, y en la página web del Ministerio sigue facilitándose esta información a los empleadores.

Esta reducción se aplicaba, aunque no en todos los casos, a quienes hubieran dado de alta a una persona en el Sistema Especial de Empleados de Hogar a partir de 1 de enero de 2012.

La desaparición de esta reducción de cuota, ha sido una sorpresa, más aún cuando en la orden que establecía las normas de cotización del año 2017 se contemplaba su continuidad. No podemos olvidar que quienes contratan a personas para llevar a cabo tareas relacionadas con el trabajo doméstico o el cuidado a personas en hogares particulares, son a su vez, en muchos casos, trabajadores y trabajadoras. Tanto el salario como otras condiciones de empleo, en especial la jornada de trabajo, están directamente relacionadas con las posibilidades económicas de quienes emplean.

UGT demanda al Gobierno que proporcione y difunda una información exacta de lo que ha ocurrido y si esta desaparición se debe a un desafortunado olvido o ha sido intencionada. Y que reúna de manera inmediata a los Interlocutores Sociales para abordar la situación de este sector de actividad, cumpliendo así el compromiso legal de constituir un grupo tripartito para seguir avanzando en las mejoras en este sector, grupo que se ha negado a convocar desde el año 2012.

Las consecuencias de la desaparición de esta reducción, serán principalmente para unas trabajadoras y trabajadores que ya tienen los salarios más bajos de todas las ramas de actividad. Quienes los emplean, quizás, sin la reducción de cuota, no podrán hacerlo o reduzcan el tiempo de trabajo y/o el salario. Y obviamente, los empleadores que incumplen la normativa, optarán por hacer recaer en la parte trabajadora, toda la cotización, la de la trabajadora y la suya propia. El salario de quienes trabajan prestando servicios domésticos o de cuidados a las personas para empleadores particulares, ha experimentado una fuerte caída que no puede desligarse del prolongado periodo de crisis económica y de la precarización general de las condiciones de empleo del conjunto de la población.

• El salario medio bruto mensual del personal doméstico es un 60% inferior al salario medio mensual del conjunto de las personas asalariadas.

• El 54´5% de quienes trabajan en el empleo doméstico para empleadores particulares, lo hacen a tiempo parcial. Es el porcentaje más alto de todas las ramas de actividad y suponen el 14% del total de asalariados que trabajan a tiempo parcial, mientras que solo alcanzan el 2´4% del total de asalariados que trabajan a jornada completa.

• El 68´5% de los asalariados como personal doméstico, 446.9000 personas de las 651.800 asalariadas en esta rama de actividad, percibían menos de 1.000 euros brutos mensuales.