La Unión General de Trabajadores considera que el fallo del Tribunal Constitucional conocido ayer, por el que se declara la inconstitucional de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en el año 2012, con argumentos tan graves como que "supuso la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos", no puede pasar por la vida política de nuestro país sin consecuencias. El Gobierno debe asumir responsabilidades. El Gobierno adoptó de forma libre y consciente la decisión de aprobar aquella amnistía, una opción política voluntaria que dejo traslucir de forma meridiana su planteamiento ideológico en materia tributaria, que es profundamente regresivo, a pesar de advertencias como las de la propia UGT, a la que el TC da ahora la razón.    

El Gobierno denominó eufemísticamente a esta amnistía fiscal como "Programa especial de regulación de activos ocultos" para permitir a aquellos que declarasen rentas que hubieran estado ocultando a Hacienda blanquearan su situación sin pena ni castigo alguno, con el único peaje de pagar un 10% de los valores o de los saldos aflorados (un 8% si se trataba de rentas procedentes de paraísos fiscales).

Fue una iniciativa profundamente injusta, como ya denunció reiteradamente UGT tras su aprobación, que genera agravios comparativos porque se da ventajas a los defraudadores en perjuicio de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales. El mensaje a los contribuyentes honrados, al conjunto de los ciudadanos, es nefasto, y asesta un duro golpe a la conciencia tributaria colectiva. La amnistía fiscal fue, además, una irresponsabilidad en un país en el que –según los últimos datos del CIS- el 87% de la población ya cree que los impuestos no se cobran con justicia, el 67% piensa que existe mucho fraude (y otro 28% que existe bastante fraude), y el 44% considera que la Administración hace pocos esfuerzos para luchar contra el fraude.

Las políticas fiscales de este Gobierno han estado orientadas a proteger a las élites y a los poderosos, ya que junto a los regalos fiscales que se han dado a los defraudadores se han aumentado los impuestos a los trabajadores y trabajadoras y a los consumidores, al tiempo que se acometían fuertes recortes en derechos laborales, políticas sociales, y servicios públicos.

La Sentencia del Tribunal Constitucional no puede caer en saco roto, debe producir consecuencias. UGT considera, además, que es el momento de tomar decisiones encaminadas a fortalecer los entes públicos que tienen encomendadas las funciones de investigar y atajar el fraude fiscal, dotándolos de recursos humanos, técnicos y económicos que les permitan llevar a cabo su cometido de manera eficaz.

Finalmente, lamentamos que los cinco años transcurridos desde la aprobación de la amnistía fiscal hasta que el Tribunal Constitucional ha determinado su inconstitucionalidad haya permitido la prescripción de los delitos fiscales que podrían haberse perseguido.