​UGT considera descabellada, injusta e impresentable la propuesta del Gobierno de reformar el Reglamento de Extranjería para dar autorizaciones de residencia a extranjeros que compren una vivienda de más de 160.000 euros. El sindicato denuncia que difícilmente se puede modificar el reglamento para incluir este requisito sin contravenir los procedimientos, requisitos y principios establecidos en la Ley de Extranjería, por lo que considera que esta propuesta es una nueva muestra de cómo el Gobierno entiende la inmigración en nuestro país, desde un punto utilitarista y económico, rompiendo el principio de la migración en función de las necesidades del mercado de trabajo que ha constituido la base de la política migratoria española, acordada con los interlocutores sociales, los últimos 8 años.​

La propuesta es una nueva muestra de que el Gobierno entiende la inmigración únicamente desde un punto de vista utilitarista y ahora, además, económico. Rompe el principio de la migración en función de las necesidades del mercado de trabajo, principio que ha constituido la base de la política migratoria española en los últimos 8 años y acordado con los Interlocutores Sociales.

Esta propuesta, descabellada, injusta e impresentable, desde el punto de vista de UGT, plantea la concesión de permisos de residencia a cambio de la compra de un piso por un precio superior a 160.000 euros “dirigida a mercados como el ruso y el chino”. La normativa de extranjería rige la vida de personas extranjeras no comunitarias en España, su entrada, su permanencia, su trabajo… Pero parece que ahora el Gobierno español va a cambiar unilateralmente el criterio y los requisitos para permitir la entrada de trabajadores y trabajadoras en España y poner al servicio de los mercados el Reglamento de la Ley de Extranjería, creando además una segmentación y una ruptura intolerable entre los extranjeros que quieran venir a España; solo aceptamos ciudadanos ricos.

UGT por otra parte, llama la atención de que difícilmente se puede modificar el reglamento para poner como requisito para la concesión de una autorización de residencia, la compra de un piso por esta cantidad, sin contravenir los procedimientos, requisitos y principios, establecidos la Ley de Extranjería.

El pasado miércoles el Gobierno aprobó un insuficiente y restrictivo Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios que no da respuesta a un drama social que sufre el conjunto de la población española, incluidos los inmigrantes que residen en España. Además del cuidado que ha puesto el Gobierno español en no perjudicar a los bancos, ahora les regala la apertura de la normativa de extranjería para que den salida a sus viviendas, con un nuevo mercado de compradores aquellos que puedan canjear autorizaciones de residencia por la compra de pisos.

UGT no puede por menos que lamentar el cambio de la política migratoria de este país, que en los últimos meses se dirige a propiciar el retorno de los inmigrantes (con medios económicos escasos) a sus países de origen, acabar con las políticas de integración, modificar el código penal para convertir la expulsión en la medida general para los extranjeros que hayan cometido un delito penado con pena superior a un año, acabar con el acceso de los extranjeros a determinadas prestaciones de desempleo, dificultar su acceso a la asistencia sanitaria o eliminarlo, en el caso de los inmigrantes irregulares….Y por el contrario, pretender atraer a extranjeros, obviamente ricos con capacidad para comprar y supuestamente permanecer sin trabajar en España, con la finalidad de dar salida a un parque de viviendas que en gran parte está en manos de los bancos.