​La Unión General de Trabajadores denuncia que el superávit de 2.263 millones en las cuentas de 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) significa que los presupuestos establecidos para ser destinados a personas sin empleo y sin cobertura por desempleo, no se han ejecutado. Para UGT este superávit no puede calificarse, en ningún caso, como un éxito, tal y como lo ha vendido el SEPE porque la existencia de un remanente en este organismo supone que hay más de 2.000 millones de euros que no se han destinado a prestar servicios de empleo a los ciudadanos, y esto, en un país con más de 4 millones de desempleados, donde se ha enquistado el paro de larga duración -más del 56% de los parados lleva más de un año buscando trabajo- y la tasa de cobertura por desempleo deja sin prestación al 45% de las personas registradas en el paro, es incomprensible.

UGT señala que la baja ejecución de gastos se ha producido en partidas que permitirían, en primer lugar, mejorar la cobertura de las personas desempleadas (por ejemplo, en el PAE y el PREPARA donde sólo se ha ejecutado un 43% y un 62% del presupuesto respectivamente) y, en segundo lugar, mejorar la empleabilidad de los desempleados y de los ocupados (donde sólo ha llegado a ejecutarse en torno al 70% del presupuesto en formación).

Además, de los 75 presupuestados sólo se han utilizado 6,2 millones, (un 8,3%), en la partida de agencias de colocación gestionadas directamente por el SEPE. Un dato que prueba el fracaso de este modelo de intermediación que intenta implantar el Gobierno.

Y, de los 100 millones presupuestados al inicio de 2016 para modernización de los Servicios Públicos de Empleo, sólo se han ejecutado 60 millones, correspondientes a la mejora del marco institucional del SNE. Los otros 40 millones, que precisamente iban destinados a la mejora de las oficinas de empleo, se han perdido. Algo que evidencia el desinterés del Gobierno en ofrecer unos servicios públicos de empleo de calidad.

A la vista de la prórroga del presupuesto para 2017, UGT exige al Gobierno que efectúe las modificaciones normativas necesarias para que el SEPE no ahorre a costa de las personas sin empleo y sin cobertura. Es hora de que el Gobierno se siente con los interlocutores sociales para mejorar las políticas públicas de empleo y aumentar la cobertura de las personas sin empleo ni protección.