Pero aunque no lo mencione, es perfectamente aplicable a nuestra situación: España es el país que ha sufrido la crisis más desigualmente del conjunto de los países avanzados, es decir, el país donde más se han acentuado las desigualdades de ingresos entre los más pobres y los más ricos. Y a ello, indudablemente, no es ajeno ni el desempleo ni el bajo poder sindical.

A la baja afiliación sindical ha colaborado mucho la legislación en la materia desde la transición, que facilitaba que el trabajo sindical se extendiera al conjunto de los trabajadores, sin necesidad de estar afiliados, y también han colaborado las sucesivas reformas en la materia, siempre precedidas de campañas antisindicales muy intensas, promovidas en muchas ocasiones desde ámbitos internacionales, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional.

El objetivo de la reforma laboral, no el publicitado por supuesto, sino el real, era precisamente favorecer una devaluación salarial significativa, lo que requería también reducir la capacidad de negociación colectiva a través de la reducción del poder sindical. 

De este modo, la negociación se produciría con una correlación de fuerzas más desfavorable a los intereses de los trabajadores, lo que permitiría menores salarios en la negociación y negociaciones a la baja, así como incumplimientos unilaterales de los convenios, mediante la flexibilización de los requisitos de inaplicación, así como la ampliación de los conceptos susceptibles de inaplicarse.

Si además esto se compaginaba con la existencia de un enorme volumen de desempleo y la aceleración de la destrucción de empleo que supuso el abaratamiento del despido en un momento de despidos masivos (no olvidemos que el efecto inmediato de la reforma sobre el empleo fue la aceleración de la ya vertiginosa velocidad de destrucción de empleos), la facilidad para que la negociación de los salarios colaborase a esta devaluación estaba servida. 

Y así ha sido: el miedo al desempleo ha facilitado que los trabajadores con empleo hayan visto su capacidad adquisitiva sensiblemente reducida y la desregulación laboral de la reforma se ha encargado de que los trabajadores que se incorporan actualmente al empleo lo hagan en unas condiciones muy inferiores y con unos salarios de miseria.

De manera que podemos concluir que el desempleo y el bajo poder sindical producen desigualdad y favorecen su aumento. Y que la legislación laboral ha tenido mucho que ver tanto en relación con el desempleo como con el bajo poder sindical.

Sin embargo, el estudio premiado se refiere a que la causa de la desigualdad se debe a la dispersión de los salarios, como resultado del crecimiento de los salarios más altos. Y aquí sí: Según el estudio, por cada 10% de incremento de la brecha salarial, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini sube un 9%.

El País publicaba en diciembre que el Sr. Linde se había subido el sueldo un 5%, hasta 174.733 euros en 2014, el mismo año en que el SMI varió un 0%, 9.034,20 euros; una subida superior hubiera sido una hecatombe para la economía española, en virtud de lo que el Sr. Linde considera patriotismo y el FMI considera causa del aumento de la desgualdad.

El estudio afirma también, siempre según la publicación de El País, que la mayor sindicalización en la industria, la mayor formación de los trabajadores y el mayor gasto del Estado ayudan a reducir la distancia entre los salarios más altos y los más bajos. 

Y concluye en este sentido que si los gobiernos quieren evitar aumentos de la brecha social deberán atender a la influencia que sobre la evolución de los salarios puedan tener los cambios en los diferentes marcos laborales.

Es decir, el FMI nos da la razón: las diferencias de los ingresos se reducen cuanto mayor es el poder de los sindicatos, cuanto más formada está la población y cuanto más fuerte es el Estado del Bienestar. Y las políticas laborales influyen, y mucho, sobre la evolución de los salarios.

De modo que, en definitiva, la conclusión es que las erróneas políticas de reformas laborales tendentes a reducir la fuerza negociadora y los derechos de los trabajadores, y los sucesivos recortes en educación, sanidad, servicios sociales y dependencia han conseguido que nuestro país tenga el primer puesto en el incremento de la desigualdad.

Y como además el estudio apunta a lo que deben hacer los gobiernos, que es exactamente lo contrario de los que se ha venido haciendo en España (por cierto, con el aplauso del FMI), el Gobierno debiera tomar nota y rectificar sus actuaciones, devolviendo a las relaciones un marco respetuoso con la autonomía de las partes y reduciendo la desregulación que permite la generalización de la pobreza laboral y de los contratos sin horario ni calendario. Y acentuando las políticas de gasto social.

Además es otra demostración, en este caso internacional, de que los salarios deben frenar ya su exceso de moderación, porque deben apoyar el crecimiento y su más adecuado reparto, por lo que UGT mantiene nuestra propuesta salarial para el crecimiento, cuyos elementos esenciales deben considerar tres referencias inseparables:

La inflación prevista tiene que ser el aumento mínimo para que los salarios ganen poder adquisitivo en el año en cuestión. La referencia tiene que ser clara y fácilmente conocida por los negociadores: la más adecuada sería la media anual del IPC en el mes de diciembre, ya que es esta la referencia adecuada para calcular la variación del poder adquisitivo

Los incrementos de productividad, que determinan el grado de reparto de los excedentes de producción generados

La cláusula de garantía, ya que la negociación se realiza con previsiones y, por tanto, la única forma de que mantener lo negociado es mediante la revisión, en su caso, de acuerdo con la evolución de las variables previstas

En definitiva, una política salarial que frene la devaluación, que solo nos conduce a la desigualdad y la injusticia.