El Defensor del Pueblo ha subrayado la necesidad de que los poderes públicos actúen con determinación para garantizar el derecho a una vivienda digna, promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo normas pertinentes, después de que la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) se dirigiera a la institución para reclamarle que iniciase una investigación sobre la aplicación de la Ley de Vivienda en las zonas tensionadas y a cerca de las medidas para el acceso de las personas trabajadoras a una vivienda digna y adecuada, de las que tienen competencia las administraciones autonómicas.

En este sentido, el pasado mes de junio, el Defensor del Pueblo inició actuaciones con comunidades autónomas, ciudades autónomas, el Ministerio de Vivienda y los ayuntamientos de las diez ciudades más pobladas de España.  Se les solicitó información sobre medidas adoptadas para incrementar el parque de vivienda protegida, regular el alquiler turístico y ayudar al pago de alquileres.  También se pidió al Ministerio de Vivienda detalles sobre el próximo plan estatal de vivienda y la constitución de una empresa pública de vivienda. 

Tras ello, el Defensor del Pueblo ha instado a las Administraciones Públicas a:

•    Incrementar el parque de vivienda pública y protegida: priorizar el alquiler frente a la compra y garantizar la calificación permanente de estas viviendas. 
•    Mejorar los procesos de adjudicación: asegurar transparencia, eficacia y baremos objetivos en los procedimientos. 
•    Agilizar las ayudas al alquiler: resolver los expedientes con celeridad y destinar recursos suficientes. 
•    Regular el alquiler turístico: limitar este tipo de alquiler en localidades donde afecta al mercado residencial. 
•    Aplicar la Ley por el derecho a la vivienda de 2023: utilizar las herramientas legales para controlar los precios en zonas tensionadas. 

Del mismo modo, el Defensor del Pueblo hace hincapié en su escrito en que la falta de acceso a la vivienda afecta el bienestar, la capacidad de ahorro y las expectativas de vida de los ciudadanos.  Además, en su escrito concreta que los jóvenes enfrentan dificultades para emanciparse, con una tasa de emancipación del 14,8 % en 2024, la más baja desde 2006, y una edad media de emancipación de 30,4 años, frente a los 26,3 años en Europa. 

Finalmente, el Defensor del Pueblo señala que, de este modo, pretende llamar la atención sobre la situación existente, con la intención de que los poderes públicos actúen y se garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución.

Desde UGT consideramos urgente la coordinación entre administraciones para poner todos los recursos necesarios para garantizar el derecho constitucional a la vivienda expresado en el artículo 47 y consideramos extremadamente apremiante aplicar la Ley de Vivienda en aquellas comunidades autónomas y ciudades que se resisten a su aplicación lo que está provocando un crecimiento de los precios desproporcionado. 

Además, las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda son las mismas que no quieren regular ni limitar los pisos turísticos provocando la falta de oferta en alquiler residencial. 

Del mismo modo, queremos alertar a todas las administraciones que continuar por el camino de la deslealtad institucional y no querer abordar el problema de la vivienda supone aumentar el sufrimiento a una sociedad a la que se le está secuestrando sus derechos constitucionales solo por estrategia política.