​El Consejo Empresarial para la Competitividad vuelve a insistir en más de lo mismo: más recortes, más impuestos indirectos y menos sector público, propuestas ideológicas y desafortunadas, muy lejos de la realidad que viven los ciudadanos. Aunque es bienvenido el objetivo de reducir el paro, no deja de sorprender que este propósito haya llegado tan tarde. También es injusto que centren la responsabilidad de la economía sumergida sobre los asalariados, y no hablen del fraude del empleador que promueve estas situaciones o sobre otros muchos incumplimientos empresariales que lastran el buen funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y merman la competitividad y la calidad de vida de los trabajadores. UGT considera que si realmente las grandes empresas quieren incentivar la reactivación deberían adoptar medidas como reducir sus beneficios distribuidos, limitar las retribuciones de sus altos directivos, no centrar la competitividad en una rebaja indiscriminada de gastos de personal y de costes laborales, impulsar cambios regulatorios que aumenten la competencia en sus mercados, a veces protegidos, y aumentar sus dotaciones para inversión, para mejorar la calidad del empleo y las retribuciones de sus plantillas.

El último informe del lobby que agrupa a las 18 mayores empresas españolas, bajo el engañoso nombre de Consejo Empresarial para la Competitividad, resulta tremendamente preocupante por la elevada dosis de demagogia de sus propuestas, el indisimulado sesgo de sus propuestas y, en suma, la escasa empatía con la inmensa mayoría de los ciudadanos, sus clientes en último término, para quienes receta actuaciones que supondrían mayores niveles de sufrimiento. No son, en absoluto, las aportaciones que cabe esperar en tan difíciles circunstancias de las empresas líderes en facturación de nuestro país, y las que poseen también los ejecutivos y consejos mejor retribuidos.

Son muchos los mensajes de su informe que, a juicio de UGT, merecen una profunda crítica.

Especialmente sesgadas (y, por tanto, desafortunadas) son sus conclusiones en materia laboral. Por supuesto, es positivo que el objetivo central de sus propuestas sea, como apuntan, la reducción de la tasa de paro de nuestro país, que está en niveles intolerables. Hay que dar la bienvenida a estas empresas a esta visión, si es sincera; lo lamentable es que haya sido tan tarde.

Los sindicatos llevamos señalando esta realidad y proponiendo actuaciones para luchar contra ella y contra sus terribles consecuencias desde el inicio de la crisis, allá por 2008. Medidas para reactivar el crédito, para reforzar las inversiones productivas, para aumentar la calidad del empleo y potenciar su resistencia frente a la crisis, para sostener la renta de las familias en situación más desfavorecida. Para, en definitiva, paliar el impacto de la crisis y poner las bases para una salida más rápida, equilibrada y sostenible. Desde entonces, sin embargo, las empresas se han centrado en solicitar recortes de todo tipo, subida de impuestos indirectos y, sobre todo, una reforma laboral destructiva como la que aplicó en 2012 el gobierno del PP, y que aceleró la destrucción de empleo en esas mismas empresas.

Ahora, y pese a esta aparente preocupación por el desempleo, las grandes empresas vienen a proponer cuestiones similares a las que reclamaban entonces: recortes, más impuestos, menos sector público,… y culpabilización a los trabajadores de su penosa situación. Resulta inadmisible que una de las principales líneas argumentales de estas macroempresas para combatir el desempleo sea elevar la carga inspectora sobre los principales paganos de la crisis, los trabajadores.

Desde UGT estamos indudablemente a favor de luchar contra la economía sumergida, que genera efectos nocivos sobre el bienestar colectivo, incumple derechos laborales y alimenta una malsana competencia desleal entre empresas. Pero centrar la lucha contra el desempleo en estas actuaciones, presentándolas como responsabilidad única de los asalariados, es inaceptable (sin entrar en los cálculos y estimaciones a este respecto que se recogen en el informe, que, cuando menos, son muy discutibles). 

Hay que decir que, en la inmensa mayoría de casos, un trabajador está en la economía sumergida porque hay un empleador que la promueve y alienta, y que es este el principal beneficiario de que esa actividad no aflore. La situación “en negro” es, de manera muy mayoritaria, indeseada por el trabajador o trabajadora, que querría tener un contrato laboral visible, un salario digno y unas condiciones laborales adecuadas. Si no las tiene, es porque su empleador no las ofrece, y se ve obligado a aceptar una situación sumergida para poder obtener una renta. 

Por otro lado, parece olvidar el informe que el incumplimiento en materia laboral no se circunscribe al ámbito de lo que queda oculto laboral o fiscalmente, lo que se conoce como economía sumergida, sino que hay otros muchos incumplimientos empresariales que día a día atentan contra el buen funcionamiento de nuestro mercado laboral, y que merman la competitividad empresarial y la calidad de vida de los trabajadores: contratos temporales que obedecen a puestos de trabajo de carácter permanente (y, por tanto, en fraude de ley); rotación exacerbada de los contratos; contratos formalmente a tiempo parcial pero realmente a tiempo completo; horas extraordinarias no pagadas; despidos injustificados que se hacen pasar por justificados; etc. Parece que al Consejo Empresarial para la Competitividad no le importa demasiado este otro tipo de fraudes de carácter laboral, que han deformado las instituciones de nuestro mercado de trabajo durante décadas, aún más con la reforma laboral de este Gobierno, y que merman nuestro potencial de crecimiento mientras aumentan los márgenes de las empresas a corto plazo a costa de los trabajadores. 

En cuanto a la política presupuestaria, mientras la inmensa mayoría de analistas y organismos internacionales están proponiendo un cambio de las políticas de ajuste masivo, relajando el proceso de consolidación fiscal y poniendo en marcha políticas de apoyo al crecimiento, las grandes empresas siguen prescribiendo la misma medicina que se viene aplicando desde 2010 con nefastas consecuencias: más recortes y nuevas subidas de impuestos indirectos. Es decir, un nuevo hachazo a la incipiente reactivación, cuando algunas estimaciones sitúan a nuestro país y a otras economías centrales del área euro al borde de una tercera recesión. 

Eso sí, las grandes empresas proponen un adelgazamiento del sector público a través de privatizaciones (que, es de suponer, engordarían algunos de sus negocios) y una “reestructuración” de la Administración, o lo que es lo mismo, despidos y pérdida de funciones. Otro golpe decisivo al papel del sector público como garante de servicios esenciales, base del estado de bienestar. 

También propone el mencionado Consejo la implantación en plazos acelerados de la reforma de pensiones que ha acometido el Gobierno del Partido Popular, lo que implica acelerar la pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir con la misma los pensionistas de nuestro país. Los mismos pensionistas que han tenido que reducir el consumo de los bienes y servicios que producen sus compañías porque su renta real es cada vez más reducida, y porque, en muchas ocasiones, han tenido que prestar apoyo económico a sus hijos, que han perdido el empleo, quizá en alguna de esas grandes compañías. 

Con una cuestión sí estamos de acuerdo: con la necesidad de elevar la inversión en I+D, y especialmente la privada. Es decir, la que deben realizar, entre otras, estas mismas empresas. De ellas depende.

Hay salida a la crisis, y es posible reducir la tasa de paro española de manera constante y rápida. En eso estamos de acuerdo. Pero no con actuaciones como las propuestas por las mayores empresas de nuestro país, demasiado preocupadas por desviar la atención de los verdaderos problemas y por mantener su estatus de privilegio.

Además un cambio de política económica, que ponga el acento en la reactivación, la salida de la crisis también está, parcialmente, en manos de estas grandes empresas, y pasa por reducir sus beneficios distribuidos, limitar las retribuciones de sus altos directivos, implementar una política competitiva que no tenga como primer referente la rebaja indiscriminada de gastos de personal y de costes laborales, impulsar cambios regulatorios que aumenten la competencia en sus mercados (a veces protegidos), aumentar sus dotaciones para inversión y mejorar la calidad del empleo y las retribuciones de sus plantillas. 

Desde UGT llevamos muchos años reclamando este cambio de actitud de las empresas españolas, como única vía para hacer nuestra economía más competitiva. Sería muy positivo que, a partir de ahora, las principales empresas de nuestro país colaboraran para hacerlo posible.