► La incipiente recuperación de la economía, viene acompañada por un incremento de los precios, pero no de los salarios.

► Para proteger el poder adquisitivo de las personas trabajadoras más vulnerables es preciso que el Gobierno no demore más la subida del Salario Mínimo Interprofesional para este año, tal y como recomienda la propia Comisión de Expertos, en el objetivo de que el SMI alcance el 60% el salario medio al final de la legislatura. Además, España no puede quedarse rezagada respecto a los países europeos a la hora de abordar subidas del SMI.

► Asimismo, es preciso aumentar los salarios de los convenios, pues actualmente solo crecen en torno al 1,5%. Para ello, es preciso recuperar el equilibrio en las relaciones laborales y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, lo que exige la derogación de la reforma laboral de 2012.

► Se trata de evitar que la salida de la crisis vuelva a producirse a costa de las personas trabajadoras y lograr que la recuperación económica se asiente sobre los pilares de la equidad y la justicia social. 

.El IPC Adelantado del mes de junio registra un aumento del 0,4% con respecto al mes anterior, lo que sitúa la tasa interanual en el 2,6%; 1 décima por debajo del dato publicado para mayo. 

Según el INE, en esta ligera desaceleración destaca el precio de los carburantes y combustibles que, aunque se mantienen altos, aumentan menos que en junio del año pasado. No obstante, la tendencia inflacionista sigue estando muy condicionada por la evolución del precio de los productos energéticos, que están registrando incrementos interanuales superiores al 20%. Por eso, el IPC subyacente, que excluye a los productos energéticos y a los alimentos elaborados, se mantiene con respecto al mes de mayo en una tasa interanual del 0,2%.

Así pues, hay que prestar atención a la evolución del nivel general de precios, que se sitúa por tercer mes consecutivo por encima de los dos puntos porcentuales y, también, de manera específica, al precio de los productos energéticos. Dado su impacto ineludible sobre los presupuestos de los hogares, más intenso en el caso de aquellos que cuentan con menor poder adquisitivo, el Gobierno debe emprender reformas en el mercado energético que aseguren un sistema de fijación de precios más justo y eficiente. La bajada del IVA de la luz es una medida insuficiente y cortoplacista que, si bien puede reducir algo la factura eléctrica, deja intactos los desproporcionados e injustificados márgenes obtenidos por las empresas del oligopolio eléctrico. 

Tenemos que tener en cuenta que el incremento general de los precios se está produciendo muy por encima del de los salarios de la población trabajadora, resultando en una pérdida de poder de compra que se añade a la rebaja de rentas que ha supuesto el impacto del Covid-19. 

Por ello, la política salarial debe adaptarse a este nuevo contexto, lo que implica actuar inminentemente en dos frentes: el aumento de los salarios de los convenios, que actualmente solo crecen en torno al 1,5%, y el incremento inmediato del SMI, congelado en 950€ en 2020 y cuya subida no puede seguir siendo demorada. Más ahora, que la Comisión de Expertos para el Análisis del SMI ha recomendado incrementarlo este mismo año con el objetivo de alcanzar el compromiso de situarlo al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, al final de la legislatura.

Ante estos hechos, desde UGT, instamos al Gobierno a actuar de manera urgente para proteger el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, de forma que la tendencia alcista de los precios no genere un empobrecimiento generalizado de la población. España no puede quedar rezagada respecto a los países europeos a la hora de abordar subidas del SMI. La salida de la crisis no puede producirse a costa de los trabajadores y trabajadoras. Al contrario, para que ésta sea efectivamente sostenida en el tiempo, debe asentarse de manera irremediable sobre unos sólidos pilares de equidad y justicia social.