Artículo de opinión de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, en "El Siglo de Europa"

Tengo confianza en que un Congreso con la mayor presencia de mujeres de la historia demuestre con iniciativas políticas sensibilidad hacia el problema de la violencia machista, hacia las brechas de desigualdad que afrontan las mujeres, hacia el desinterés de las empresas por avanzar con hechos para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres

Empezamos una nueva etapa política, o al menos ese es el resultado que esperamos de las negociaciones que se están desarrollando para la formación de Gobierno. La empezamos con una enorme cantidad de asuntos pendientes en el ámbito social y laboral, incluidos todos los temas que la sociedad española en general, y las organizaciones sindicales y feministas en particular, hemos venido reivindicando de forma continuada desde hace años. 

Pensar en las personas y legislar para ellas, hacer evolucionar nuestra sociedad hacia donde queremos debería ser un objetivo prioritario de nuestros y nuestras representantes políticas. Tengo confianza en que un Congreso con la mayor presencia de mujeres de la historia demuestre con iniciativas políticas, y a la mayor brevedad posible, sensibilidad hacia el problema de la violencia machista –las mujeres siguen siendo asesinadas, siguen siendo agredidas, independientemente del espacio que los medios de comunicación les dediquen–, hacia las brechas de desigualdad que afrontan desde los ciclos formativos hasta la inserción en el mundo laboral, hacia el desinterés de las empresas por avanzar con hechos –no con declaraciones retóricas– para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres. 

Hay una serie de iniciativas que tenemos intención de plantear en cuanto se concreten, tanto en las Cortes como en el Gobierno, las personas encargadas de llevar a la práctica el diálogo con los interlocutores sociales. Entre ellas están algunos desarrollos legislativos importantes para la efectividad práctica y real de las normas, y con esto me refiero concretamente a la dotación de recursos económicos y humanos para que el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género sea, efectivamente, un arma poderosa y rotunda que ataje esta desgracia colectiva. 

Necesitamos una ley de igualdad salarial para combatir con la mayor precisión posible la brecha salarial entre hombres y mujeres; y soy consciente de que en este ámbito hay un obstáculo previo de alto calibre en el que la determinación política resultará decisiva. 

Ese obstáculo es el negacionismo empresarial, la falta de reconocimiento de cualquier tipo de responsabilidad del empresariado en la desigualdad de unos sistemas retributivos que ellos mismos gestionan con la amplísima autonomía y discrecionalidad que les puso en bandeja la reforma laboral que hizo el Gobierno del PP en 2012, responsable de la brutal desregulación del mercado de trabajo que padecemos y de la desigualdad que ya deberíamos estar combatiendo. 

¿Será posible combatir la desigualdad entre hombres y mujeres sin derogar esa reforma laboral? No sé si imposible, pero no tengo ninguna duda sobre que sería muchísimo más difícil. Porque las leyes son muy importantes pero hay que gestionarlas y aplicarlas, y en el mundo del trabajo democrático eso significa negociación y acuerdo entre empresarios y trabajadores y trabajadoras a través de sus representantes, algo que es prácticamente imposible con la normativa laboral vigente. Y luego está, claro, la política presupuestaria y la política educativa. Para combatir el patriarcado recalcitrante, para articular servicios públicos que permitan a las mujeres conciliar en igualdad, cuidar en igualdad, vivir en igualdad.

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