Cristina Antoñanzas apela a situar a las personas en el centro de todas las políticas en las jornadas de la HOAC

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, considera que “el trabajo constituye un instrumento para el desarrollo de las personas, para impartir justicia social y para el reparto de la riqueza” y que su futuro pasa por dignificarlo y vincularlo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, fijados por Naciones Unidas. Para ello, “es fundamental, fortalecer la acción sindical”. Ha recordado que UGT, que cumplirá 130 años, el 12 de agosto, renovará “su compromiso con la clase trabajadora bajo los principios de solidaridad, igualdad, internacionalismo, pluralidad y democracia y reclamará una política social y económica que se guíe por estos valores”. Asimismo, ha recordado que la Organización Internacional del Trabajo, que celebra su centenario en 2019, abordará la necesidad de dignificar el trabajo, “humanizando las normas en beneficio de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, repartiendo la riqueza y la prosperidad global, y sin dejar a nadie atrás”.

Antoñanzas ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la Escuela de Verano de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), que se desarrolla en Salamanca, bajo el título “Ante el futuro del trabajo, fraternidad y justicia”.

Poner coto a las malas prácticas

La Vicesecretaria General de UGT ha afirmado que “la globalización, vinculada al neoliberalismo, ha perjudicado a las trabajadoras y trabajadores” y ha alertado sobre el abuso o malas prácticas asociadas a las nuevas tecnologías. En este sentido, ha denunciado que las plataformas digitales están “usurpando derechos y condiciones laborales básicas” y que las empresas multiservicios actúan en la misma línea y “campan a sus anchas” desde la reforma laboral de 2012, impuesta por el Gobierno del PP, que les permite eludir la aplicación del convenio sectorial y, por tanto, unas condiciones laborales mínimas. Algo que hay que corregir- ha dicho.

Asimismo, se ha referido al trabajo doméstico y de cuidados, bajo la forma de la relación laboral especial, actividad que emplea a más de 600.000 personas -de las que cerca de un 90% son mujeres y la mitad de éstas de nacionalidad extranjera- caracterizado por la precariedad, la falta de derechos, la escasa protección social y la ausencia de reconocimiento en la sociedad.

Nuevamente ha señalado que “la reforma laboral de 2012 ha supuesto un caldo de cultivo para los modelos de empleo precarios y sin derechos como expresión última del beneficio empresarial”.

Por una sociedad en la que prime la ética empresarial

Frente a esta desregulación y ley de la selva en el mercado del trabajo, Cristina Antoñanzas, ha apostado por una “sociedad en la que prime la ética empresarial y la salud de sus instituciones democráticas”.

Para ello, hay que “fortalecer la negociación colectiva, instrumento de reparto de riqueza y de impartición de justicia social” y adaptar la normativa laboral, de Seguridad Social y de libertad sindical, y presionar a la Unión Europea para colocar a las personas en el centro de las políticas.

Asimismo, ha reclamado: medidas que atajen la deslealtad fiscal de empresas y sectores financieros, erradicar los paraísos fiscales, y establecer un marco estable de protección a los trabajadores y las trabajadoras. Esto implica un reparto del trabajo remunerado, minimizar los riesgos para garantizar la salud y seguridad en el trabajo; adaptar los sistemas formativos en todas las etapas; facilitar la protección de la intimidad de los trabajadores y de sus datos personales; combatir la brecha de género; y equilibrar el modelo productivo desde el punto de vista sectorial. Es decir, “vincular el futuro del trabajo a los Objetivos del Desarrollo Sostenible”.