• En 2017, según los últimos datos de la EPA se realizaron una media de 5.800.000 horas extraordinarias a la semana. De ellas, casi la mitad no se pagaron, y ello a pesar de que en 2016 y 2017 han caído las no pagadas.

• Este fraude empresarial de horas trabajadas y no pagadas afecta a los derechos de los trabajadores, a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social y se ve facilitado por la reforma laboral de 2012, que ha roto el equilibrio de las relaciones laborales, dando mayor potestad a los empresarios.

• UGT ha denunciado por varias vías (tribunales, negociación de convenios, grupos parlamentarios) este fraude.

• Es necesario modificar el Estatuto de los Trabajadores en esta materia, acorde con la normativa europea. 

El reciente Auto dictado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional planteando una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de si la regulación española, contenida en los artículos 34 y 35 del ET, es conforme a la normativa europea en materia de jornada (duración y descansos), pone de nuevo en evidencia la deficitaria ordenación existente y los problemas que genera.

En los últimos años han sido varias las ocasiones en las que UGT ha denunciado, tanto ante los tribunales como públicamente, la necesidad de llevar a cabo el registro de la jornada diaria mediante instrumentos eficaces que permitan detectar irregularidades, abusos y fraudes y faciliten la labor de vigilancia y control del cumplimiento de las normas que tiene encomendada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) así como los representantes de los trabajadores en las empresas.

Es un hecho que en nuestro país se efectúan diariamente miles y miles de horas extraordinarias en todos los sectores. También lo es que una buena parte de las mismas no se pagan, no se cotizan y tampoco se compensan con descanso.

Según los últimos datos publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2017 se realizaron una media de cinco millones ochocientas mil horas extraordinarias a la semana. De ellas el 46,9 % no se pagaron.

Es importante señalar que el porcentaje de horas extraordinarias ha subido en 2017 en un 1% respecto a 2016. Ese año, las horas no pagadas disminuyeron un 14,5%, hecho que coincide con una campaña de la ITSS sobre tiempo de trabajo, que incluía la comprobación de si las empresas contaban con sistemas para el registro diario de la jornada.

En 2017 las horas no pagadas disminuyeron menos (el 8,3%). Conviene recordar, que el año pasado el Tribunal Supremo (TS) dicta su Sentencia de 23 de marzo de 2017, interpretando que el art.35 del ET no exige la llevanza de un registro de jornada diaria efectiva, lo que produjo un cambio en los criterios de actuación de la ITSS seguidos hasta ese momento.

Pero es importante señalar que el propio TS advierte en la misma Sentencia, en un claro llamamiento a los legisladores, de la necesidad de modificar el ET a fin de clarificar la obligación de llevar un registro diario y facilitar al trabajador la prueba sobre la realización de horas extraordinarias.

Pues bien, hace tres meses que el Pleno del Congreso de los Diputados votó a favor de la toma en consideración de la Proposición de Ley que había presentado el Grupo Parlamentario Socialista para modificar el art. 34 del ET, en el sentido de incluir la obligación de registrar diariamente la jornada de cada trabajador y con el horario concreto de entrada y salida.

Como dijimos entonces, para UGT esa proposición de ley es un buen punto de partida desde el que abordar una regulación más integral de la materia, comenzando por la derogación de las últimas reformas laborales.

UGT considera necesario introducir nuevos elementos en nuestra legislación para adecuar las normas a las demandas de la sociedad y a la normativa europea y para dar seguridad a los trabajadores e impedir que se sigan produciendo esas situaciones infractoras que ningún mercado laboral se puede permitir. En definitiva, tolerancia cero con los infractores.

Las aportaciones y propuestas de UGT, que hemos hecho llegar a los grupos parlamentarios, no solo abordan estas cuestiones sino también otros aspectos como limitar las posibilidades de realizar horas extras, impedir que el empresario pueda decidir unilateralmente una distribución irregular de la jornada o determinar el calendario laboral, sin olvidar la necesaria actualización de las infracciones y sanciones que deben imponerse a quien incumpla.

La proposición de ley se encuentra en periodo de enmiendas, por tanto, está en manos de los legisladores que salga adelante una buena regulación.