​Un ejemplo del lento avance de la norma lo tenemos en que una de las medidas estrella de la ley, el permiso de paternidad, que iba a permitir avanzar en la conciliación entre mujeres y hombres, ha entrado en vigor, a principios de este año, diez años después
Nadie puede discutir hoy, en 2017, que la igualdad se ha consolidado como un derecho incuestionable. Éste, sin lugar a dudas, ha sido uno de los principales logros de la Ley de Igualdad (Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) ,que este mes ha cumplido diez años. La norma, que fue muy bienvenida y muy demandada por parte de las organizaciones sindicales, no ha tenido el recorrido que esperábamos.

La falta de apoyo del Gobierno, que no respaldó la ley cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados el 15 de marzo, y la ausencia de compromiso de muchas empresas en su implementación, junto la reforma laboral y la crisis, han frenado su desarrollo.

Hemos vivido importantes avances, pero también retrocesos en esta década. La ley, marcadamente social y laboral, ha pretendido implicar, de forma transversal, a toda la sociedad en esta lucha y a todos los ámbitos de la vida, en la corrección de las discriminaciones que sufre la mujer.

En sus primeros años, fundamentalmente hasta la llegada del PP al Gobierno, ha tenido efectos positivos sobre el mercado de trabajo, el incremento del número de mujeres entre la población activa y  constatar que las políticas de acción positiva que contempla la ley tienden a reducir la brecha por desempleo y a reducir la tasa de temporalidad.
Ha cumplido con su objetivo de transponer a nuestro ordenamiento jurídico dos directivas de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la formación, la promoción profesional y las condiciones de trabajo y en acceso  a los bienes y servicios y su suministro, reivindicaciones que durante años hemos hecho las organizaciones sindicales. Pero también ha pretendido constituirse en un instrumento para pasar de la igualdad legal a la real. Y hoy en día seguimos luchando por ello, a pesar de las dificultades.

Desde UGT hemos desarrollado un importante número de actuaciones en materia de asesoramiento jurídico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres –servicio para el que no recibimos ningún tipo de apoyo económico–. En estos diez años de vigencia de la ley hemos atendido una media de 400 consultas anuales, de las que el 70% guardaban relación con la conciliación, reducción de jornada, concreción horaria o lactancia acumulada. Las trabajadoras y trabajadores que no pueden recurrir a un Comité de Empresa –la mayoría de nuestro país–, necesitaban y necesitan asesoramiento acerca de los derechos en materia de igualdad contenidos en la ley.

Un ejemplo del lento avance de la norma lo tenemos en que una de las medidas estrella de la ley, el permiso de paternidad, que iba a permitir avanzar en la conciliación entre mujeres y hombres, ha entrado en vigor, a principios de este año, diez años después. Y está pendiente de desarrollo el reglamento que va a permitir establecer los criterios para desarrollar los planes de igualdad en las empresas, que están obligadas a tener aquellas que tienen plantillas de más de 250 trabajadores (sólo hay 167 planes, según el Registro de Convenios, mientras que son alrededor de 2.000 las empresas que deberían tenerlos). Se ha detectado, sin embargo, un aumento importante, aunque insuficiente y desigual, de convenios que contienen cláusulas de igualdad, sobre todo referidos a conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Las desigualdades persisten más allá del ámbito laboral. La protección social de las mujeres sigue siendo muy inferior a la de los hombres. Es necesario y urgente recuperar la ley de igualdad en todos sus términos, implementarla y dotarla de recursos necesarios para su aplicación a través de los Presupuestos Generales del Estado, e incluso, mejorarla, para avanzar en el camino de la igualdad.