​El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que “hay que mejorar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de nuestro país, teniendo en cuenta la situación de los sectores y empresas, pero con el vector general del crecimiento real de los salarios si queremos que la recuperación sea sólida y se pueda traducir en empleo”.

Ese es el elemento central de las negociaciones para la renovación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, pero, además, “habría que elevar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es el suelo general que define la cuantía mínima del salario de cualquier trabajador, para que entre el año 2015 y el 2016 dé un salto desde los 645,30 euros actuales a los 800 euros”. 

Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa previa a la asamblea de delegados del día de hoy en Zaragoza, donde ha señalado que “el binomio impuesto durante la crisis, y que aún se mantiene, de austeridad y reformas estructurales hay que sustituirlo por inversiones productivas y crecimiento de los salarios si queremos afianzar la recuperación y conseguir que se traduzca en crecimiento económico y del empleo de calidad y con derechos”.

Por ello, “planteamos que a partir de 2015 los salarios jueguen un papel radicalmente distinto al que han jugado hasta ahora, donde han tenido una contención muy intensa y ahora tienen que crecer en términos reales para que sean un elemento imprescindible para la recuperación”. 

Una prestación de entre 426 y 490 euros que sea un puente hacia el empleo

El Secretario General de UGT se ha referido también a la prestación económica de cobertura por desempleo que se está negociando con el Gobierno, en el marco del acuerdo firmado el pasado 29 de julio, que “debe ser un puente para que los parados de larga duración sin recursos puedan encontrar un trabajo, ya que, además de mantenerla hasta que no mejoren los niveles de cobertura de la prestación por desempleo, habría que vincularla a una recualificación de los trabajadores y a una búsqueda activa de empleo”.

Una propuesta que “establezca una doble cuantía, una para hogares unipersonales, de en torno a 426 euros, y otra para hogares con responsabilidades familiares, de unos 490 euros”. ​

Estas negociaciones “están en una fase decisiva y se debería suscribir, como muy tarde, la primera quincena de diciembre”. En cualquier caso, “tenemos el compromiso del Gobierno de que esta prestación, llegue cuando llegue el acuerdo, entrará en vigor el 1 de noviembre”. 

Una declaración solemne de Congreso y Senado y una comisión independiente que marque las líneas de actuación contra la corrupción

Preguntado por los numerosos casos de corrupción que sacuden a la sociedad en los últimos tiempos, Cándido Méndez ha considerado que “habría que utilizar como referencia una resolución del Debate del Estado de la Nación de febrero del año pasado para enviar un mensaje potente a la población de nuestro país mediante dos vías”.

La primera, “mediante un acuerdo para una declaración solemne del Congreso y el Senado con el fin de erradicar las prácticas de corrupción”, y la segunda “mediante un acuerdo para elegir una comisión independiente que emita un dictamen con una serie de líneas para luchar contra la corrupción”.

En cualquier caso, “y sin esperar el dictamen de esa comisión, se debería producir un compromiso de adhesión a las resoluciones de esa comisión por anticipado, por parte de partidos políticos, sindicatos, patronal y demás actores de la vida política, económica y social de nuestro país”. 

Suspensión cautelar de Ignacio Aguar 

A preguntas de los medios de comunicación sobre la suspensión cautelar del Secretario General de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Aragón, Ignacio Aguar, Cándido Méndez ha señalado que la Comisión Ejecutiva Confederal “ha autorizado esta suspensión a la luz del informe aportado por UGT-Aragón, FSP-UGT y la valoración inicial de la Comisión de Garantías Confederal, órgano independiente de la Comisión Ejecutiva Confederal, que ha valorado la gravedad de lo acontecido y ha dado luz verde a esa suspensión cautelar”.

“También hay abierto ya un expediente, donde se tendrán que contrastar las posiciones de las partes, y será la Comisión de Garantías la que resuelva en esta materia”.

Además, “ya se han tomado las decisiones para normalizar la situación a nivel organizativo, ya que ayer se definió el proceso para la convocatoria de un Comité de la Federación que normalizará la situación”. ​