• En 2017 los trabajadores y trabajadoras perdieron 1,8 puntos porcentuales de poder de compra, mientras los excedentes de las empresas crecen a un ritmo del 5,2%.

• UGT exige la reversión de la reforma laboral de 2012; un aumento significativo de los salarios, especialmente los más bajos (1.000 euros como salario mínimo de convenio); una política industrial eficaz y que apueste por el empleo estable; reforzar el sistema de prestaciones sociales y retirar la reforma de pensiones de 2013, que empobrece a los pensionistas.

• Asimismo, exige políticas para combatir la brecha salarial y las discriminaciones que sufren las mujeres y políticas que den oportunidades reales para los jóvenes.

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del cuarto trimestre de 2017, publicados hoy por el INE, recogen un aumento trimestral del PIB del 0,7% y un aumento anual del 3,1%, igual que en los dos trimestres anteriores, tal y como ya estimó el avance conocido a finales de enero. De este modo, se cierra el cuarto año de crecimiento económico consecutivo, los tres últimos con tasas por encima del 3%. Estamos pues en plena fase de expansión. Y se crea mucho empleo (2,9% en el cuarto trimestre en tasa anual).

Sin embargo, ese crecimiento económico no se está traduciendo en una mejora de la calidad de vida de la mayoría de la población. El empleo que se crea es de baja calidad, poco productivo y mal remunerado. Y los recortes en prestaciones sociales y en la dotación de servicios públicos esenciales que llevó a cabo el gobierno en el bienio 2012-2013 no se han revertido, lo que supone una merma directa del estándar de vida de millones de familias.

Por eso, España se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en materia de desigualdad económica y niveles de pobreza, unos registros que no ceden con el crecimiento económico. Una realidad tan evidente que está siendo puesta de manifiesto reiteradamente y de manera muy contundente por los principales organismos internacionales (Comisión Europea, FMI, OCDE, OIT) en sus informes.

Aumenta la actividad y se genera riqueza, pero se reparte de manera muy inequitativa. Las rentas salariales no recuperan lo perdido durante la crisis (en 2017 han vuelto a perder poder de compra), y las pensiones también caen en términos reales; sin embargo, los beneficios empresariales crecen como en los mejores momentos de la anterior etapa expansiva, y han superado ya con creces los niveles que tenían antes de la crisis.

Los datos de la Contabilidad Nacional conocidos hoy siguen mostrando esta situación. De un lado, los salarios están prácticamente congelados. La remuneración por asalariado aumenta solo dos décimas, lo que supone que los trabajadores y trabajadoras han perdido 1,8 puntos porcentuales de poder de compra en 2017 (el IPC creció un 2% de media). Por otro lado, los excedentes de las empresas crecen a un ritmo del 5,2%.

Esta situación no puede continuar: es ineficiente, al restar capacidad de crecimiento a la economía; es injusta, al alimentar las desigualdades y castigar con la pérdida de poder de compra a la mayoría de la ciudadanía (personas asalariadas, pensionistas, perceptores de prestaciones sociales); y es insostenible, porque produce una desafección política y un malestar colectivo que solo puede degenerar en un conflicto social.

Por eso exigimos:

• La reversión de la reforma laboral de 2012, porque solo genera precariedad laboral y empobrecimiento, y por tanto son incompatibles con un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

• El aumento de los salarios en 2018 nítidamente por encima de la inflación, de manera que ganen poder de compra y recuperen parte del perdido desde 2008, y especialmente los salarios más bajos. Por eso proponemos un salario mínimo de convenio de 1.000 euros.

• La puesta en marcha de una política industrial que potencie nuestras capacidades productivas y asiente las bases de un nuevo modelo económico, que ponga el acento en los factores que más valor añadido aportan y que más potencial tienen para generar riqueza y empleo de calidad.

• El reforzamiento de nuestro sistema de prestaciones sociales y la retirada de pensiones de 2013, como actuaciones imprescindibles para reducir los intolerables niveles de desigualdad y pobreza que ha alcanzado España por las políticas aplicadas desde 2010.

Tras cuatro años de crecimiento, es hora de repartir más equitativamente sus frutos. Pese al aumento del PIB, la crisis continuará instalada en la mayoría de los hogares de nuestro país si no mejora la calidad del empleo, no aumentan los salarios y las pensiones, no se ofrecen oportunidades a nuestros jóvenes, y no se cierra la brecha salarial y se eliminan las discriminaciones que sufren las mujeres. Más producción, sí; pero sobre todo más bienestar y una mejor sociedad.

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Gonzalo Pino, Secretario de Políticas Sindical de UGT