► UGT considera que la crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto, una vez más el retraso en la resolución de las solicitudes de protección internacional, pese a los ingentes esfuerzos de los empleados y empleadas públicos que tramitaban estas solicitudes y las medidas adoptadas por el Gobierno para prorrogar y agilizar la documentación.

► España ha pasado de tener 5.000 solicitudes de protección internacional, hace solo 6 años, a 117.800, en 2019. Además, en mayo de 2020 140.790 personas estaban pendientes de que se resolvieran sus solicitudes en España.

► El sindicato destaca que gran parte de las personas trabajadoras de los servicios esenciales, que en su mayoría tienen condiciones precarias, son personas migrantes, entre ellos solicitantes de protección internacional, a los que no se puede dejar atrás.

► Recuerda al Gobierno que es urgente redimensionar adecuadamente el sistema de asilo, cumplir las obligaciones internacionales y fomentar la convivencia, la cohesión social y la igualdad frente al discurso del odio.  

 
Para la Unión General de Trabajadores, la conmemoración de este día no puede ser ajena a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, sus consecuencias presentes y futuras y la realidad que se ha hecho visible durante el periodo de confinamiento, mostrando con toda crudeza las brechas de desigualdad y la falta de medios materiales y humanos en servicios, prestaciones y Administraciones Públicas.

España, según los datos de Eurostat, tuvo en 2019 117.800 solicitudes de protección internacional, un volumen solo inferior al de Alemania y Francia. Las presentadas en España representaron el 16% del total de solicitudes presentadas en la UE-28. En mayo de 2020 140.790 personas estaban pendientes de que se resolvieran sus solicitudes en España.

Esta crisis ha puesto de manifiesto una vez más el retraso en la resolución de las solicitudes, debido a la falta de adecuación de medios materiales y humanos a un flujo, el de personas que desean solicitar protección internacional, que solo hace 6 años no sobrepasaba las 5.000 personas al año. Todo ello pese a las medidas adoptadas por el Gobierno de prorrogar la documentación de los solicitantes de protección internacional e incluso dar validez a los resguardos de haber presentado una solicitud o incluso de la manifestación de voluntad de presentarla.

Por otra parte, la crisis sanitaria, el confinamiento, la declaración de ciertas actividades como esenciales, han dejado ver que gran parte de esos trabajadores y trabajadoras esenciales, tienen empleos con condiciones precarias. Y un grupo de población especialmente numeroso entre esos trabajadores y trabajadoras, son las personas migrantes, entre ellos los solicitantes de protección internacional, a quienes, tal y como se ha repetido tantas veces desde las distintas Administraciones, tampoco se les puede dejar atrás.

Todo ello en un contexto en el que, por parte de determinadas fuerzas políticas, no se deja de alentar, basándose en mentiras o retorciendo la verdad hasta que ésta es irreconocible, el rechazo hacia una parte de la población española, aquella que tiene nacionalidad extranjera o que se la identifica como tal. Fuerzas por otra parte que también cuestionan, no ya decisiones, sino el cumplimiento de obligaciones internacionales propias de un estado democrático, como garantizar la protección de menores no acompañados, permitir la presentación de solicitudes de asilo o salvar las vidas de personas que intentan llegar a este país por vía marítima.

Por este motivo, la Unión General de Trabajadores en este Día Mundial quiere reconocer la labor de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas que durante la crisis sanitaria han seguido trabajando en servicios esenciales, generalmente, con condiciones precarias.

Por otra parte, el sindicato pone en valor el esfuerzo de todas aquellas personas, entre ellos muchos empleados y empleadas públicas que han tratado de garantizar, casi siempre con medios precarios, la atención y primera acogida a parte de este colectivo especialmente vulnerable. Y recuerda al Gobierno que no se puede dejar a nadie atrás, que es urgente redimensionar adecuadamente el sistema de asilo, cumplir las obligaciones internacionales y fomentar la convivencia, la cohesión social y la igualdad frente al discurso del odio.