​La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha abogado por materializar la igualdad de género en la negociación colectiva, a través de una norma legal más efectiva y adecuada y ha manifestado que la igualdad de género, además de ser un derecho fundamental y una cuestión de justicia social, constituye una necesidad social y económica, que permitirá a las empresas ser más competitivas. Antoñanzas  ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la Jornada “Principio de Igualdad en la Negociación Colectiva”, organizada por la Comisión Nacional Consultiva de Convenios y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Antoñanzas ha señalado que tras los 10 años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad ha habido avances pero la “aplicación de estos derechos presenta aún importantes deficiencias, en el día a día, de la negociación colectiva”.

Esta ley supuso un impulso pero “las expectativas de avance se han visto neutralizadas por las políticas adoptadas por el Gobierno del PP, entre ellas la reforma laboral y los recortes del gasto público, que han afectado de forma especialmente negativa a las mujeres, incrementando la desigualdad”- ha dicho. Por tanto, “lograr la eliminación de las discriminaciones y reducir la brecha de género en las relaciones laborales (en el acceso al empleo, la calidad de las contrataciones, los salarios, los puestos de responsabilidad, etc.) sigue siendo un reto pendiente”. Como lo es la corresponsabilidad del cuidado familiar y la eliminación de la violencia de género.

La Vicesecretaria General de UGT ha destacado que impulsar el desarrollo del aquellos aspectos de la ley de igualdad que quedaron paralizados tras las políticas impuestas, resulta “imprescindible adoptar nuevas medidas legales, tanto a través de su aplicación directa, como a través de la negociación colectiva.

Planes de Igualdad
Para que los planes de igualdad sean más efectivos, UGT aboga por establecer contenidos mínimos legales, ampliando las competencias de los representantes sindicales y de la autoridad laboral competente en el control del contenido de dichos planes y en el seguimiento de las medidas acordadas. Asimismo,  es preciso que partan de diagnósticos reales y contengan medidas apropiadas que permitan corregir las desigualdades.

Antoñanzas ha afirmado que “los planes de igualdad deben ser fruto de la negociación de los interlocutores sociales", ha asegurado que debe existir una conexión entre los planes de igualdad y el convenio colectivo de referencia,  y que la obligación legal de negociar planes de igualdad  (hasta ahora afecta a empresas de más de 250 trabajadores) debe extenderse a empresas de menor tamaño.

Asimismo es preciso corregir las deficiencias en el registro de los planes de igualdad, cambiar la normativa vigente y establecer la obligatoriedad de registrar todos los planes de igualdad en un único registro, el REGCON, con independencia de que existan otros registro creados en las Comunidades Autónomas.

Ley de Igualdad Salarial y otras medidas legales

La Vicesecretaria General de UGT ha defendido, también, la necesidad de establecer una Ley de igualdad salarial; y adoptar medidas legales para acabar con la eliminación de la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical. 

Por otra parte, ha pedido nuevas normas para que haya  una adecuada protección de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral y medidas para posibilitar la corresponsabilidad y conciliación entre la vida laboral y familiar entre hombres y mujeres.