UGT demanda la continuidad del Programa de Activación para el Empleo y modificar los criterios de acceso, que han sido claramente restrictivos, para que esta ayuda sea efectiva y llegue a muchos más desempleados, máxime cuando la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo está en mínimos históricos, un 55%; 2,6 millones de personas llevan en desempleo más de un año y la tasa de paro de muy larga duración alcanza ya el 44,4%.
El sindicato rechaza que se “ahorre” a costa de los parados e insta a que se prioricen políticas que incentiven el empleo y la protección, especialmente, a las personas en peor situación.
UGT considera que es necesario evaluar el Programa de Activación para el Empleo y modificar sus criterios para que sea menos restrictivo y llegue a más gente. Se estima que el número de beneficiarios se sitúa en torno a 100.000 personas, un volumen claramente insuficiente ante las previsiones iniciales del propio Ministerio de Empleo, que calculaba en más de 400.000 los potenciales beneficiarios.
Además, de la dotación de 850 millones de euros presupuestados para 2015 solo se han ejecutado menos del 19% (160 millones de euros) dando un remanente cercano a los 700 millones. En los primeros meses de 2016 se sigue esta tendencia. Del presupuesto de 350 millones sólo se ha ejecutado, hasta el 29 de febrero, un 6,3%.
UGT que, junto a CCOO, ha solicitado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una reunión para evaluar los resultados de este Programa, considera imprescindible que se dé información sobre los itinerarios de inserción y las políticas activas que deberían acompañar a esta ayuda económica. Una evaluación a la que se comprometió el Gobierno, ahora en funciones, y que según lo estipulado en el Real Decreto Ley debería haberse efectuado tras los primeros seis meses de funcionamiento.
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La Secretaria de
Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen Barrera,
considera que el fracaso de este Programa se debe a que “ha faltado
voluntad política” por parte del Gobierno del PP, en la pasada
legislatura.
Así en un primer
momento, y en contra del criterio sindical, se rechazaron las
solicitudes de desempleados que anteriormente se habían beneficiado de
otras ayudas del Servicio Público de Empleo, “un factor desmotivador”,
ni tampoco se atendió la demanda sindical de informar por carta a los
posibles beneficiarios de este Programa (de hecho, no se ha producido
ninguna campaña institucional para publicitar esta medida)
A juicio de Barrera,
la falta de voluntad política del Gobierno de Rajoy respecto a las
políticas activas de empleo se evidencia, desde el inicio, con la
eliminación de más de 2.000 orientadores laborales y en los recortes en
las políticas de desarrollo local que prestan los ayuntamientos.
Para Barrera “la
pasividad, el no actuar, es una forma de hacer. No tiene sentido, que un
Gobierno deje de gastar 1.000 millones de euros en algo tan importante
como el desempleo de este país”. |
