Hay que derogar las reformas laborales para garantizar la salud de las personas trabajadoras
Fecha: 26 Ene 2020
Hasta el mes de noviembre de 2019 han fallecido 644 trabajadores y trabajadoras en accidentes de trabajo. Además, se han producido un total de 1.261.157 accidentes laborales, de los cuales 590.027 causaron la baja de la persona trabajadora y 671.130 (el 53% del total) fueron sin baja.
Así se muestra en los últimos datos de accidentes de trabajo hasta noviembre de 2019 y enfermedades profesionales correspondientes al año 2019, donde se refleja, por otro lado, que las enfermedades profesionales registradas han ascendido hasta las 27.343, un 13,54% más que en el mismo periodo de 2018, de las cuales 14.409 fueron sin baja y 12.934 sí causaron baja, aunque aún siguen sin aflorar muchas de ellas.
Para UGT, sigue siendo inaceptable el continuo aumento de muertes y enfermedades por el hecho de acudir a un puesto de trabajo. Mes tras mes, esta cifra no deja de aumentar, así como el hecho de que siguen siendo mayoritarios los accidentes laborales sin baja y, que sigue existiendo la infradeclaración de las enfermedades profesionales, sobre todo aquellas relacionadas con los cánceres ocupacionales.
Para el sindicato, es fundamental que el nuevo Gobierno inicie de manera inmediata las negociaciones de una nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que la vigencia de la actual termina este año 2020. Resulta esencial seguir trabajando en el afloramiento de las enfermedades profesionales, las cuales continúan ocultas, sobre todo en el caso de los cánceres ocupacionales. No debemos olvidar el incremento de las enfermedades y trastornos mentales provocados por el trabajo, que a día de hoy no son reconocidas ni tratadas como profesionales.
Otro aspecto urgente es la derogación de las reformas laborales. El aumento de la temporalidad, la alta parcialidad existente y los empleos cada vez más precarios están produciendo un incremento de la siniestralidad laboral, debido a que los empresarios obvian los derechos de información, formación, vigilancia de la salud, etc. de los trabajadores, todos ellos obligaciones empresariales. Hay que apostar de manera inmediata por trabajos decentes, de calidad y con derechos para acabar con esta lacra social, porque la precariedad laboral mata.
Además, la prevención de riesgos laborales es fundamental para minimizar los daños a la salud. Hay que dejar de considerar la prevención como un coste y pasar a verla como lo que realmente es, una inversión. En este sentido, el sindicato quiere recordar el coste de la no prevención, un coste personal, económico y social. Un coste no solo para el que se accidenta y enferma, sino también para las empresas y para el sistema público de salud. Por ello, tanto las empresas como las Administraciones Públicas deben invertir también en la prevención.
Perspectiva de género en la prevención
Los datos también ponen de manifiesto la necesidad de culminar la introducción de la perspectiva de género en todos los aspectos que tengan relación con la prevención de riesgos laborales, ya que en muchos sectores hay una mayoría de accidentes y enfermedades sufridos por mujeres. Se ha de abandonar el tradicional enfoque neutro para que la prevención de riesgos laborales sea efectiva para las mujeres. Los daños que sufren por motivo del trabajo solo se podrán atajar, si se tienen en cuentas las diferencias de género, al realizar la evaluación de riesgos laborales y tomar las medidas preventivas adecuadas para la persona.
Prevención frente a cancerígenos en el entorno laboral
Durante 2019, únicamente han sido registradas 63 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, de las cuales 35 fueron provocadas por el amianto. Es evidente la infradeclaración de los cánceres de origen laboral en el sistema español. Por ello, es necesario abordar este tema de forma inmediata debido a las graves consecuencias derivadas de padecer un cáncer, tanto para la persona enferma como para sus familiares. Desde UGT reclamamos que se transponga al ordenamiento jurídico español la modificación de la Directiva de cancerígenos, pero manteniendo los límites de exposición de la normativa española para tres sustancias, debido a su mayor protección frente a la exposición, a saber: sílice cristalina, valor vigente desde 2015; bromoetileno, causante de cáncer de hígado, vigente desde 2000; y el de la acrilamida, vinculada a tumores de páncreas, vigente desde 1999.
Propuestas o retos que ha de afrontar el nuevo gobierno a través del diálogo social
Además de las propuestas mencionadas más arriba, el nuevo ejecutivo debería afrontar, entre otros, los siguientes retos:
- Un pacto contra la siniestralidad laboral.
- Actualizar el cuadro de enfermedades profesionales teniendo en consideración la perspectiva de género.
- Trasposición de la modificación de la Directiva de cancerígenos a nuestro ordenamiento jurídico, respetando los valores límites vigentes en España en aquellos casos en los que sean inferiores a los propuestos por la Directiva de modificación, al objeto de mantener el nivel de protección de los trabajadores expuestos de los últimos años.
- Trasposición de la Directiva 2013/59/EURATOM para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, entre las que se encuentra el gas Radón al ordenamiento jurídico español, se cumplen 3 años el próximo 7 de febrero.
- Reto de la digitalización y de la desconexión en el ámbito laboral, debido al auge del uso de las TICs en el entorno laboral que llevan aparejadas nuevas formas de organización del trabajo, muchas de ellas altamente precarias para los trabajadores.
- UGT espera que se impulse definitivamente la creación del Fondo Estatal de Indemnización a las Víctimas del Amianto, ya que los trámites para su aprobación se han visto retrasados en numerosas ocasiones. Es necesario que las víctimas sean reconocidas y resarcidas de forma urgente.
- Por último y no menos importante, el sindicato reclama el desarrollo de la figura del delegado sectorial/territorial a nivel estatal, ya que está demostrado que los centros que cuentan con representación de los trabajadores, son centros más seguros.