​De nuevo el amianto está en las noticias de actualidad con la celebración en Bruselas, el pasado 24 de junio, de una jornada sobre retirada segura de amianto en Europa (Freeing Europe safely from asbestos) organizada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de las Regiones, y con el apoyo de la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera, la Federación Europea de la Industria de la Construcción y organizaciones de apoyo a las víctimas de este agente cancerígeno.

Hoy en día ya nadie puede negar la carcinogenicidad de todas las variedades de esta sustancia. Así está reconocido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, o por las legislaciones europea y española que incluso contemplan desde hace décadas la prohibición de su uso, comercialización e importación en su territorio. Y sobre todo no se pueden esconder las terribles consecuencias que en forma de enfermedad y muerte han golpeado a las personas que desarrollaron su actividad laboral en empresas en las que se utilizaba el amianto (y que aún lo hacen en muchos países), a sus familiares que lavaron en sus domicilios sus ropas de trabajo y al vecindario de estas instalaciones industriales.

La magnitud de esta tragedia es enorme. La OIT calcula que anualmente fallecen en el mundo más de 100.000 personas como consecuencia de la exposición al amianto. La OMS estima que cada año se registran, únicamente en la Unión Europea, entre 20.000 y 30.000 nuevos diagnósticos de enfermedades relacionadas con el amianto y que más de 300.000 ciudadanos (más de 40.000 de ellos españoles) morirán de mesotelioma pleural en la UE de aquí a 2030. Una catástrofe que rebasa los márgenes de la salud laboral y que convierten al amianto en uno de los principales problemas de salud pública, tanto por el sufrimiento personal como por su impacto económico en los sistemas de salud nacionales. Estamos hablando de unas cifras que abruman y que exigen que el conjunto de las sociedades europeas y sus instituciones tomen cartas en el asunto de manera decidida.

En este sentido se enmarca el Informe sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente, aprobado en enero de 2013 por el Parlamento Europeo, que incide en la necesidad de la detección y registro del amianto instalado, del desarrollo de programas para su eliminación, de garantizar la cualificación y formación de los trabajadores encargados de estas tareas, del reconocimiento de las enfermedades relacionadas con su exposición y del apoyo para las víctimas y de estrategias para su prohibición mundial.

Más recientemente, en febrero de 2015, el Comité Económico y Social Europeo aprobó el dictamen “Erradicar el amianto en la UE” en el que, entre otras cuestiones, recomienda a la Comisión Europea la completa eliminación de todo el amianto usado y de todos los productos que lo contengan; así como el apoyo a iniciativas dirigidas a asegurar la protección de toda la población activa y a las asociaciones de víctimas, y la simplificación y facilitación de los procedimientos para el reconocimiento e indemnización de las enfermedades de origen laboral relacionadas con el amianto.

Es importante reseñar la importancia de estas iniciativas de las administraciones europeas, pero conviene recordar que son fruto del trabajo constante durante décadas del movimiento sindical y del conjunto de las asociaciones de víctimas del amianto. Los afectados y los sindicatos fuimos quienes impulsamos la prohibición del amianto en nuestros países y los que seguimos reivindicando la puesta en marcha de medidas que reparen la injusticia social que supone el sufrimiento de las víctimas del amianto y sus familias; facilitando el reconocimiento de los trabajadores/as activos y postexpuestos por el sistema sanitario público y por las mutuas; ampliando el cuadro de enfermedades profesionales a todas las originadas por este tóxico; el reconocimiento de las responsabilidades empresariales y sanitarias de forma rápida; asegurando un tratamiento médico adecuado especialmente a la hora de ajustar los criterios utilizados en los Equipos de Evaluación de Incapacidades; la mejora de la transparencia, la calidad y la coordinación en los escasos datos oficiales referidos al amianto que se elaboran, suministran y comparten entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas.

Es necesario arbitrar soluciones compensatorias de naturaleza judicial, administrativa, técnicas, empresariales y jurídicas que deberían concretarse en la constitución de un Fondo de Compensación por Amianto, que ahorraría muchos de los sufrimientos que afectan a las víctimas y familiares de los afectados por las enfermedades causadas por el amianto y que, además, nos situaría en un nivel semejante a los países desarrollados de la Unión Europea.

La lucha para acabar con la epidemia de amianto que sufrimos no acaba ahí. Debemos recordar que más de dos millones de toneladas de amianto aún continúan instaladas en tejados, techos, paredes, tubos de conducción de agua y gas, de refrigeración en fábricas, almacenes, hospitales, centros educativos y de investigación o edificios públicos y privados de nuestro país. Son instalaciones en las que desempeñan su labor centenares de miles de trabajadores, en las que se educan nuestras hijas e hijos, en las que se atiende a enfermos o que son utilizadas por la población en general. Con demasiada regularidad nos llega la noticia en la que una Asociación de Madres y Padres de Alumnos exige la retirada de las placas de fibrocemento del tejado del colegio de sus hijos, o en la que una asociación ecologista o vecinal denuncia la aparición de escombros con restos de amianto en un vertedero ilegal.

Para acabar con esta situación es absolutamente necesaria la aprobación de un plan de acción estatal para erradicar todas las fuentes de amianto existentes, que incluya la elaboración de un registro riguroso y exhaustivo de edificios e instalaciones que contengan amianto, con la suficiente financiación y que habilite de forma expresa la participación de las administraciones municipales, autonómicas y nacionales, así como de todas las partes afectadas: trabajadores, empresas, afectados, etc.

Y queremos acabar recordando que el problema del amianto es un problema mundial. La prohibición del amianto en Europa y en países del mundo industrializado ha supuesto que las multinacionales del amianto están transfiriendo el riesgo a los países del Sur que todavía permiten su utilización. La Comisión Europea y los gobiernos de los países de la UE deberían implicarse de una forma aun más decidida de lo que lo hacen con el compromiso humanitario de lograr la prohibición global del amianto.