​Han pasado cinco años, el 23 de abril del 2010, desde que  el gobierno griego solicitó el primer paquete de ayuda financiera al FMI para evitar la suspensión de pagos. Meses después, el 15 de diciembre de 2010, Irlanda aprobaba el plan de rescate de la UE y el FMI. Al año siguiente, en abril de 2011, el gobierno portugués pedía ayuda externa, reconociendo que no estaba en condiciones de pagar su deuda.

La crisis del euro estallaba con toda intensidad. El proyecto de construcción europea parecía tambalearse.

Hoy, de esos tres países, dos han logrado superar la intervención. Portugal la daba por concluida en abril del pasado año e Irlanda abandonaba el mecanismo de ayuda en diciembre de 2013, a los tres años de solicitarlo.

Los ciudadanos de estos países han soportado retrocesos sociales y continúan afectados por recortes que son duramente criticados por el sindicalismo europeo.

Grecia, que acaba de elegir una nueva mayoría parlamentaria, parece haber entrado en un túnel del que le resulta difícil salir. El partido ganador de las elecciones colocó la renegociación de la deuda y la suspensión de pagos hasta recuperar la economía, como el primer punto de su programa electoral. Hoy ya es el primer punto de su programa de gobierno. El último país que ha suspendido pagos de manera selectiva fue Argentina, lo hizo en julio del pasado año.

El ingente volumen de deuda publica acumulado por los países del euro desde el estallido de la crisis -en 2007 la deuda de la Zona Euro era del 66,40 y al tercer trimestre de 2014 superaba el 94,4 del PIB- es motivo de preocupación del sindicalismo europeo, pero es algo que no solo nos preocupa a nosotros.

En el año 2011 el grupo de economistas que asesoraba a la canciller Merkel propuso lo que se denominó fondos de redención de las deudas europeas con el fin de poner en común todas las deudas que superen el 60% del PIB de cada país. Posteriormente, destacadas personalidades europeas: Amato, Delors, Prodi, González, propusieron la conversión de una parte de la deuda pública nacional en bonos de la UE y que esta conversión  no necesariamente debía hacerse a través del mercado. Podría quedar en manos de la propia Unión. El tipo de interés sería fijado por los ministros de Finanzas del Eurogrupo sobre la base de la sostenibilidad. Propusieron, otras alternativas: la recompra, con fondos comunitarios o internacionales, de una parte de los bonos más devaluados, para anularlos y beneficiar al país afectado de esta pérdida de valor.

La propia Comisión Europea ha dado pasos en la dirección de mutualizar la deuda. El 31 de marzo de 2014, un grupo de expertos creado ex profeso por la Comisión un año antes, entregó su informe relativo a la viabilidad de un fondo de amortización de deuda y de las euroletras. Este grupo tenía el encargo de estudiar las ventajas y riesgos de una mutualización parcial y retroactiva de la deuda pública mediante la creación de un fondo que permitiría a los socios de la UE refinanciarse de manera conjunta.

Estamos convencidos de que hay suficientes ideas y propuestas para abordar este asunto y poder estimular la recuperación europea. Ideas y propuestas que deben servir para que los ciudadanos griegos logren salir de una crisis que corre el riesgo de enquistarse y también para estimular el crecimiento en aquellos países que han sido capaces de salir de los rescates o de evitarlos.

Cándido Méndez

Secretario General de UGT