​En mayo de 2010, los salarios públicos sufrieron un recorte del 5%. A partir de ese momento las políticas de reducción del déficit han consagrado la congelación salarial como algo habitual, terminando con el RDL 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria que suprimió una paga extraordinaria, la no complementación del salario en situación de incapacidad temporal, etc.

A esta situación se suma el importante aumento de los impuestos directos e indirectos, la subida de las bases de cotización a los distintos regímenes de Seguridad Social... Todo esto ha provocado que el poder adquisitivo de los empleados públicos se sitúe en términos de hace una década, sumando una pérdida de casi el 25%.

"Esta tendencia generalizada no tiene visos de cambiar, lo vemos en los presupuestos generales de 2014, calificadas por el Gobierno como políticas ineludibles para la salida a la crisis económica". Julio Lacuerda, secretario general de FSP-UGT, ha afirmado en la presentación de la campaña LA DIGNIDAD ES EL SALARIO la necesidad de reorientar las políticas salariales, puesto que los sacrificios asumidos por los empleados públicos ni han sido compensados con medidas adicionales "que pudiéramos valorar de manera positiva" ni han ayudado de manera notoria a la recuperación.

FSP-UGT considera ineludible el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos en base a criterios claros y objetivos (IPC, crecimiento económico) y la adopción de medidas para incorporar en los presupuestos de cada año los créditos necesarios para compensar la pérdida del poder adquisitivo desde 2010. Unos salarios dignos suponen la mayor garantía para el desarrollo de unas prestaciones sociales acordes con las realidades de la ciudadanía, pues contribuyen a una mayor redistribución de la renta, corrigen desigualdades y refuerzan la cohesión social.

Julio Lacuerda ha destacado que los casi 500.000 empleos públicos que el Gobierno ha destruido han contribuido a la reducción del gasto público en salarios. A esta cifra desorbitada van a sumarse los 400.000 empleos que podría llegar eliminar la Reforma de la Administración Local, una reforma "injusta e innecesaria que sin duda abrirá nichos de negocios privados". "En 2012 el Gobierno gastó 5800 millones en la externalización de servicios, más de lo que se ahorró suprimiendo la paga extra; y la paga extra no es una dádiva a los empleados públicos: es la catorceava parte anual de nuestro salario".

Lacuerda ha subrayado que solo la apuesta por un empleo de calidad y salarios dignos y en condiciones de igualdad, conseguirán ser productivas y podrán competir y sobrevivir a largo plazo. Asimismo, es necesario restablecer la negociación colectiva y dotarla del protagonismo que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) , "devorado por este Gobierno decreto tras decreto", pretendió.​