​La derecha parlamentaria española ha tenido pocas dificultades en ponerse de acuerdo para continuar con las restricciones presupuestarias que impiden a los ciudadanos la recuperación de los niveles de calidad de vida anteriores a la crisis, y resulta al menos extraño que las primeras informaciones sobre el contenido del proyecto las haya ofrecido el presidente nacional de Ciudadanos.  

De lo que hemos conocido hoy del acuerdo entre PP y Cs, no se puede decir que haya grandes novedades, ni cambios sustanciales para la política económica del Gobierno. Se trata de un acuerdo puntual, para el ejercicio de 2018, del que no se ha desvelado si tendrá continuidad en ejercicios posteriores. En este sentido, creemos que las aportaciones de Cs al proyecto son prácticamente irrelevantes, carecen de sentido de Estado, y parecen diseñadas exclusivamente para la perspectiva electoral.

La insistencia del Gobierno en decir que no podemos gastarnos lo que no tenemos se compadece mal con esta política de rebajas fiscales, cuando el objetivo debería ser mejorar el sistema de recaudación de recursos públicos, haciéndolo más justo y más eficiente.

Rebajar el IRPF a los pensionistas para que tengan en el bolsillo 30 ó 60 euros más al mes es tramposo y apenas servirá para mejorar sus condiciones de vida. Lo que necesitan son personas dignas y revalorizarlas anualmente con el IPC. En segundo lugar, necesitan que dejen de cargarles con gastos que no tenían antes de la crisis, y para eso hay que mejorar los servicios públicos. Hay que eliminar el repago farmacéutico, y otros copagos que nos impusieron sobre las prestaciones y servicios del sistema de salud.

Reforzar la dimensión social

Los PGE 18 deberían aprovechar la senda positiva de la economía española para dar un giro social, y empezar a restituir los derechos de los trabajadores y trabajadoras y los ciudadanos. Para eso habría que empezar por realizar una reforma fiscal integral que actúe sobre todas las figuras tributarias con el objetivo de tener más en cuenta el nivel de renta de los contribuyentes, y que dé como resultado un aumento global de los ingresos públicos y de la tributación de los que más ingresos y más riqueza acaparan. Tenemos que acercarnos a la media de ingresos sobre el PIB de la Unión Europea (casi 7 punto de diferencia, en torno a 70.000 millones al año) actuando, además, de forma contundente con el fraude fiscal, y la economía sumergida.

En cuanto a las pensiones, el Sistema Público de Seguridad Social requiere mucho más que las medidas acordadas entre PP y Cs; requieren altura de miras y compromiso real con la calidad de vida de las personas. Fue el PP quien dinamitó el Pacto de Toledo con la aprobación unilateral de la reforma del sistema en 2013, y para que las pensiones vuelvan a la categoría de política de Estado hay que empezar por derogar esa reforma.

Finalmente, hay que luchar contra la pobreza y las desigualdades creadas por las políticas del Gobierno, y eso requiere una apuesta en los PGE 18 que no está en el acuerdo anunciado por Cs. Un Estado social, como se supone que es el nuestro, y más después de cuatro años de crecimiento económico, debe tener un presupuesto que contemple de forma significativa esa componente social, para desarrollarla y ampliarla, no para usarla como factor de ajuste con el que cuadrar las cuentas.

Finalmente, si a este acuerdo presupuestario añadimos la propuesta de reforma laboral presentada por Cs en el Congreso, todo nos lleva a la conclusión de que el partido de Albert Rivera apuesta por dar carta de naturaleza a la precariedad y la mala calidad del empleo, y convertir en estructural la pobreza y la desigualdad.