​La población española lleva mucho tiempo sufriendo las ineficaces e injustas políticas de austeridad, que en realidad son políticas de recortes: de servicios públicos esenciales, de prestaciones sociales, de derechos laborales y de libertades fundamentales. Recortes de calidad de vida, de expectativas de futuro, de esperanzas. Políticas de empobrecimiento y de sufrimiento injusto para millones de personas en Europa y en España. Esta mayoría social maltratada, de la que la clase trabajadora somos parte esencial, desea un cambio de políticas que les devuelva lo que les han quitado, repare el daño causado y apuntale una nueva senda de progreso que beneficie a todos y todas, no solo a una minoría privilegiada.

Porque, aunque algunos se empeñen en lo contrario, la crisis continúa, y para millones de personas se agrava día a día. Así sucede con los 2 millones de trabajadoras y trabajadores que llevan más de dos años en paro; los 3,7 millones que malviven con un contrato temporal; los 1,7 millones que trabajan a tiempo parcial porque no les ofrecen un empleo a jornada completa; los 2,8 millones de desempleados que no perciben ninguna prestación; los casi siete millones de trabajadores que apenas ganan mil euros al mes; los trece millones de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social; los tres millones que sufren pobreza severa;… Paro masivo y crónico, enorme precariedad laboral, aumento de desigualdades y pobreza,… ¿Se puede llamar a esta situación "salida de la crisis"? Para UGT, rotundamente NO.

A primeros de junio, los sindicatos UGT y CCOO remitimos y explicamos a los partidos políticos que concurrían a las segundas elecciones generales el documento 20 actuaciones urgentes por el progreso y el bienestar social, con medidas imprescindibles para rescatar a las personas de los daños ocasionados por más de ocho años de intensa crisis y por seis de políticas de recortes. Proponíamos, entre otras cosas, un plan de choque por el empleo para los colectivos con mayores dificultades, derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, aumentar el salario mínimo, establecer una renta mínima para las personas sin empleo, acabar con los desahucios, eliminar la pobreza energética, garantizar la aplicación efectiva de la ley de dependencia, asegurar el derecho de asilo y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes, derogar la Ley mordaza y la LOMCE,… Todas estas medidas pueden ser llevadas a cabo con gran celeridad si las apoya la mayoría parlamentaria que ha sido elegida por la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos, y que mostraron en su momento su acuerdo expreso y su compromiso con las mismas.

Pero es preciso ir más allá. La Gran Recesión vivida de 2008 a 2013 y, sobre todo, las erróneas políticas aplicadas desde 2010, han agrietado el modelo de desarrollo y de convivencia vigente desde los años cincuenta del siglo pasado. Las bases del Estado de Bienestar se tambalean, y se están poniendo en cuestión derechos y libertades que costó décadas conquistar, y que en muchos casos costaron la vida de muchas personas. Una deriva antisocial que se aprecia también en el conjunto de la Unión Europea y que está erosionando gravemente el proyecto de construcción europea.

No estamos dispuestos a continuar por este camino que solo trae empobrecimiento y desigualdad. Ha llegado el momento de construir un nuevo Contrato Social que permita conformar un proyecto de país duradero y sostenible, que se asiente sobre consensos básicos que no dependan de los vaivenes electorales cada cuatro años, y que por tanto estén vigentes más allá de una legislatura.

Este proyecto debe contemplar reformas para crear empleo de calidad y eliminar la precariedad laboral; lograr la igualdad de trato y la no discriminación en todos los ámbitos; cambiar el modelo productivo elevando el peso de la industria; aumentar los salarios, para que crezcan los ingresos de los hogares y se distribuya la renta de manera más justa; fortalecer el gasto social y mejorar la calidad de los servicios públicos esenciales; aumentar los ingresos de la Seguridad Social para garantizar y mejorar las pensiones; extender la protección por desempleo; asegurar la atención sanitaria universal y reforzar su calidad y carácter público; instaurar un sistema público de servicios sociales que garantice una protección universal suficiente; conseguir impuestos que recauden más y de manera más justa; alcanzar un pacto social y político por la educación de calidad.

Para lograr estos objetivos, el nuevo Gobierno tiene que abrir un amplio proceso de diálogo social con los interlocutores sociales, y las fuerzas políticas con representación parlamentaria que impulsar las medidas planteadas que hemos planteado las organizaciones sindicales. Solo con más diálogo, más democracia y más Estado de Bienestar se podrá construir un sistema económico más eficiente y sostenible y una sociedad más justa y democrática, superando las crisis existentes en España y en la UE. Esos son los retos que UGT plantea al nuevo Gobierno. Las trabajadoras y trabajadores, los ciudadanos en general, no podemos esperar más.