​Hace ya un par de semanas que el expresidente Aznar volvió a revivir de nuevo en los medios de todo el país con el discurso sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones –sumándose a la oportunista legión de voceros ultraliberales que diariamente nos hostigan con este pronóstico–, pero, en esta ocasión, el expresidente quiso innovar, sobrepasando las cotas hasta ahora alcanzadas por la pléyade de agoreros que acechan el negocio de las pensiones, y nos recetó la jubilación a los 70. Olvidó cambiarle el nombre, pues a los 70 ya no debería llamarse jubilación. Una conducta, la de Aznar, muy en la línea del actual Gobierno, que tiene el dudoso honor de llevar a la quiebra (¿forzada?) a la Seguridad Social y a su fondo de reserva en solo cuatro años y, lo peor, quebrantar el sagrado consenso del Pacto de Toledo, aprobando una reforma de pensiones en 2013, en solitario, sin consenso alguno y con el único objetivo de contener el gasto en pensiones a través del recorte de las mismas, sobre todo eliminando el IPC como referente de revalorización.

Sin embargo, el expresidente Aznar no siempre comulgó con esta abusiva doctrina neoliberal de destrucción de los sistemas públicos y de recorte de las pensiones. Concretamente, el Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, de septiembre de 1996, firmado por el Gobierno de Aznar y las Organizaciones Sindicales más representativas siguiendo la undécima recomendación del Pacto de Toledo en su formulación de 1995, disponía la revalorización automática de las pensiones para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Según decía el redactado del acuerdo, las partes firmantes, el Gobierno de Aznar y los sindicatos más representativos, coincidían en que era preciso garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Y para ello, se establecía legalmente la revalorización automática de las pensiones en función del IPC previsto para cada año, además de la cláusula de revisión a ejercicio económico vencido en el supuesto de que el IPC previsto para dicho año fuese inferior al que efectivamente se hubiera producido. Posteriormente, la Ley 24/1997 modificó el entonces artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, trasladando en la práctica lo acordado.

Está claro que semejante viraje del expresidente, de lo que fue a lo que hoy predica, solo puede explicarse por una cuestión político-ideológica, que le obliga a cambiar el discurso de una forma que resulta tan sorprendente como falsa. Pues si hubo un amplio consenso político y sindical –respaldado por el marco del Pacto de Toledo– para establecer y garantizar en nuestro país como algo necesario la revalorización de las pensiones con el IPC, así como asegurar y cubrir incluso las posibles desviaciones del mismo, ya en el año 1997 (cuando el IPC estaba al 2%, posiblemente algo por debajo de lo que lo vaya a estar este año), no es creíble ni aceptable ni puede haber nada que justifique el que 20 años después la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones deje de ser una cuestión de justicia social en nuestro país, de derechos ganados por generaciones de trabajadores contribuyendo con su esfuerzo, con el sudor de su frente, con su salud y con su vida misma al sostenimiento de la política más social de todas, la que más distribuye y equilibra nuestra sociedad, la de la Seguridad Social.

Que 20 años después el Gobierno pueda sentir que no debe nada a esos trabajadores que han contribuido como nadie al desarrollo y crecimiento de este país no tiene justificación alguna. Es una pura cuestión ideológica: primero crearon la figura del trabajador pobre. Ahora, dando un paso más, crean la del pensionista pobre. Es puro oportunismo político para imponernos un sistema social, como están consiguiendo, que convierte a España en el país más desigual de toda Europa. De hecho, en materia de pensiones solo podemos compararnos con Lituania, ya que todos los países en Europa suscriben más o menos lo que acordara Aznar en el 97: revalorizar pensiones como mínimo al IPC. Salvo en Lituania, donde la cantidad que se revalorizan las pensiones es discrecional y la decide cada año el Gobierno. Algo así como el Ejecutivo del PP y su revalorización congelada y discrecional al 0,25% “en tanto la Seguridad Social se mantenga en déficit”, tal como dice la propia ley del PP, y justo en ese momento se pusieron a fabricarlo.

Sin embargo, no lo van a tener fácil. Repetir y repetir vaticinios agoreros sobre las pensiones, propios de aves de presa, no les va a funcionar. La semana pasada, el Gobierno tuvo que escuchar por segunda vez a una mayoría de 172 parlamentarios que, a iniciativa de UGT, le exigían en el pleno del Congreso la derogación de la recortadora reforma de pensiones del 2013 y la restitución del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización al IPC. Tal y como ya se hiciera en el 97 y con uno de los suyos. En materia de involución, señores del Gobierno, 20 años no es nada.