La Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Marisa Rufino, ha solicitado al Gobierno de España la elaboración de un plan de acción estatal para eliminar y erradicar el amianto y el establecimiento de “un fondo de compensación sin culpa” para apoyar y ayudar a las víctimas del amianto, de tal forma que los trabajadores, las familias y la sociedad que ha convivido con este material no tenga un peregrinaje jurisdiccional, sino que una vez que se pueda probar que han estado expuestos al amianto se les compense. “Se trata de reparar esta injusticia social y de que nuestro gobierno y la sociedad, que muchas veces no es consciente de este problema, despierten”. Un fondo de compensación como el que ya existe en Bélgica o Inglaterra y que es fundamental. 

Rufino ha remarcado que el número de demandas no se corresponde con el elevado número de trabajadores expuestos y ha incidido en la necesidad de que las enfermedades vinculadas a  la manipulación o exposición al amianto se reconozcan como enfermedades profesionales. 

En este sentido, ha recordado que el cáncer de laringe se va a incorporar ahora mismo al listado de enfermedad profesional después de dos años de estudio.

Asimismo, ha manifestado que para que se produzca un desamiantado seguro es preciso, entre otras cosas, que se elabore un registro de edificios e instalaciones con presencia de amianto, que no existe en nuestro país, y  que se controlen los vertederos y se avance en el tratamiento de este tipo de residuos.

La Secretaria de Salud Laboral de UGT ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la petición “Amianto cero en Europa y Justicia para las Víctimas”, en la que han participado también Pedro Linares de CCOO, Juan Carlos Paul, de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto, Francisco Segura de Ecologistas en Acción y el médico experto en cáncer del Servicio de Anatomía Patológica y Registro de Tumores del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, José Miguel Sanz-Anquela. 

El objetivo de esta petición, a la que se han sumado ya 34 organizaciones, sólo en el ámbito nacional,  es trasladar a las instituciones europeas la necesidad de que se proceda al desamiantado seguro en toda la UE y se garantice la justicia, el apoyo y la atención a las víctimas del amianto. Para ello es preciso poner en marcha planes para la detección y eliminación de este material cancerígeno. 

El amianto mata, está en nuestro entorno y ha provocado centenares de miles de víctimas. Según la OIT anualmente fallecen en el mundo más de 100.000 personas por su exposición al amianto. 

Según la Organización Mundial de la Salud, sólo en la UE se registran cada año entre 20.000 y 30.000 nuevos diagnósticos de enfermedades relacionadas con el amianto y más de 300.000 personas morirán de mesotelioma pleural de aquí a 2030  (de ellas más de 40.000 en España).

El amianto es uno de los principales problemas de salud pública y es preciso atajar, sin más demora, esta catástrofe.