​El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que “nuestro sistema de protección al desempleo es incapaz de dar una respuesta adecuada a una situación de características tan graves como la que estamos viviendo” y que es preciso “reflexionar sobre una revisión completa del marco legal vigente, de manera que permita cubrir más y mejor todas las situaciones de desempleo”.

Ferrer, ha manifestado, asimismo,  que es “urgente” proteger a las personas en situación desempleo de larga duración, sin prestación a la que acogerse y sin trabajo, y ha recordado que, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno, UGT y COOO han planteado una Iniciativa Legislativa Popular para establecer una prestación de ingresos mínimos, en el ámbito de protección de la Seguridad Social.

Ferrer, ha hecho estas declaraciones durante su intervención en una mesa redonda sobre la tasa de cobertura por desempleo y el fraude en las prestaciones, en el marco del XII Congreso Nacional sobre la protección por desempleo en España, que se desarrolla en la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Secretario de Acción Sindical ha recordado que en 7 años, de 2008 a 2015, la cobertura por desempleo ha descendido casi 20 puntos (pasando del 73,6% al 55%) y que cada vez hay más parados de larga duración (en 2008 poco más del 20% de las personas en paro llevaba más de un año buscando empleo, un porcentaje que llega al 60,7% en el tercer trimestre de 2015, siendo cada vez mayor la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más de dos años 44,5% de los desempleados.

En concreto, cerca de 2,95 millones de personas buscan trabajo desde hace más de un año y 2,2 desde hace más de dos.

Las cifras muestran que la cobertura cada vez es menor, como consecuencia del elevado número de desempleados, el paro de larga duración y la precariedad en el propio desempleo (endurecimiento de las condiciones de acceso y reducción de la cuantía).

Ferrer ha señalado que en el marco de esa reflexión que debería hacerse del marco legal vigente para cubrir más y mejor todas las situaciones por desempleo, sería necesario revisar los requisitos exigidos por el reciente Programa de Activación para el Empleo, que entró en vigor el pasado 15 de enero y está teniendo una participación y un desarrollo muy por debajo de lo previsto.

Respecto al fraude en las prestaciones, el Secretario de Acción Sindical  ha afirmado que los datos demuestran la irrelevancia de prácticas fraudulentas por parte de los desempleados, pues no alcanzan el 1% del total de beneficiarios por prestaciones. Es más, según datos de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo para el ejercicio de 2013, de las 552.776 actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo solo se detectaron 11.689 incumplimientos. Es decir, que el fraude detectado afecta tan solo al 0,4% del total de beneficiarios de prestaciones (que en ese año fue, en términos medios de 2.865.153 personas). Por tanto, "es más coherente y justo tratar a los desempleados como víctimas y no como defraudadores".  

En este sentido, ha manifestado que en lugar de centrar la lucha contra el fraude sobre los perceptores de la prestación por desempleo, habría que vigilar la falta de inscripción de las empresas a la Seguridad Social, la falta de afiliación o alta de los trabajadores en el Sistema, la infracotización consecuencia de trabajar más horas sin que sean retribuidas, la indebida aplicación de bonificaciones y reducciones en la cotización a la Seguridad Social, la no aplicación de la cotización en los contratos de duración efectiva inferior a 7 días, etc.

“Éste es el fraude verdaderamente dañino, tanto para los trabajadores como para la sostenibilidad de la Seguridad Social. Dañino para los trabajadores, porque les deja desprotegidos frente a los riesgos laborales y en el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social y para la propia Seguridad Social, que deja de ingresar  las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores, en momentos de un fuerte déficit presupuestario”- ha dicho Ferrer.