​La Unión General de Trabajadores ha remitido ya sus observaciones al Proyecto de Real Decreto sobre Revaloración de las Pensiones del Sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones públicas para el ejercicio 2016.

El sindicato rechaza la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones que establece la ley 23/2013 y exige la recuperación del Índice de Precios al Consumo (IPC) como la referencia para la revalorización de las pensiones- tal y como establecía el artículo 48 de la Ley de Seguridad Social-, porque es garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Por otra parte, advierte de lo precipitado de este Real Decreto ya que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se encuentran aún en fase de tramitación parlamentaria y éste puede sufrir modificaciones una vez se cuente con el texto normativo definitivo.

El proyecto no justifica la revalorización de un 0,25% porque no da a conocer qué variables se han utilizado para calcular ese porcentaje, tal y como establece la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. Como mínimo, debería incluir los análisis económicos y cálculos efectuados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, contemplados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Asimismo, la revalorización que se establece respecto de las pensiones mínimas y de los límites de ingresos para tener acceso a los complementos a mínimos, deben ser superiores a las revalorizaciones que operan para el resto de prestaciones, con el objetivo de garantizar la suficiencia de las mismas.  En este sentido, recuerda que el artículo 50 de la Constitución Española de 1978 determina que "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad"; así como lo expresado por la Recomendación 2 del Pacto de Toledo de 29 de diciembre de 2010, titulada Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, acordada por todos los grupos parlamentarios.

La revalorización de las pensiones que se proyecta se ha realizado de forma opaca y alejada del principio de seguridad jurídica, esto es, sin dar a conocer cuáles han sido las variables y parámetros que la han determinado. El porcentaje del 0,25%, es claramente insuficiente y contrario a la Constitución Española. Y supone un ataque a la suficiencia económica de los pensionistas y de las familias que sustentan, especialmente de aquellos pensionistas más desprotegidos y con mayores necesidades sociales.