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La Secretaria Ejecutiva Confederal de UGT, Adela Carrió ha manifestado hoy que el sindicato coincide con las conclusiones de la Memoria de Consejo Económico y Social (CES) sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2015, en relación con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como Ley de Dependencia.

Carrió ha señalado que ésta Ley, que se presentó como un yacimiento de empleo en un país con una población cada vez más envejecida y con mayores necesidades de asistencia, "no ha cumplido las expectativas debido", fundamentalmente, "a los recortes presupuestarios o los incumplimientos flagrantes de la norma o las diferencias abismales entre la Comunidades Autónomas".

Adela Carrió ha subrayado que el Gobierno del Partido Popular "desmanteló la ley con sus recortes, con el endurecimiento del acceso a ayudas, la reducción de las cantidades económicas o el incremento del copago en las prestaciones" y que, "a la pérdida sucesiva de financiación del sistema se ha unido el detrimento de la calidad de la atención".

"Se ha primado el ahorro frente a los derechos sociales" ha añadido, "obligando, en muchos casos, a los familiares, a costear los gastos o dejar sus empleos para hacerse cargo del cuidado de a las personas dependientes".

La Secretaria Ejecutiva Confederal de UGT ha destacado que la memoria del CES también denuncia las diferencias territoriales entre las diferentes Comunidades Autónomas, en la aplicación de la norma, la financiación de los servicios y prestaciones o la acumulación de expedientes sin tramitar. En este sentido, ha explicado que "las actuales cifras del sistema son engañosas", ya que, si bien el número de personas que están siendo atendidas se ha incrementado levemente, debido principalmente a la entrada en el sistema de los dependientes moderados, lo preocupante es que, "tras más de 10 años de andadura del sistema, más de 380.000 personas con una dependencia reconocida aún están esperando que les sea adjudicado un servicio o empezar a cobrar una prestación. Hay un 32% de dependientes, casi la tercera parte de la población dependiente de España, en lista de espera".

"Por ello", ha subrayado "uno de los retos del próximo Gobierno será garantizar el derecho a ser atendido en situación de dependencia a través de una respuesta integral e integrada de atención y cuidados básicos a las personas en situación de dependencia y a sus familias".

"Es necesario derogar el Decreto-ley 20/2012 en aquellos aspectos que modificaron el sistema de protección a la dependencia, garantizando su financiación acorde con el coste real, para que la cobertura sea suficiente y de calidad así como potenciar la coordinación en la gestión de la dependencia entre todas las administraciones; y otorgar mayor celeridad a todo el procedimiento de valoración, a la gestión de los trámites en el reconocimiento de la situación de dependencia y en la adjudicación, en el menor tiempo posible, de un servicio o una prestación al usuario" ha finalizado.