El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “hoy sobran razones para mantener la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos y, seguramente, hay alguna razón más que cuando los sindicatos decidimos presentarla: hay 13, 2 millones de personas en riesgo de pobreza, 3,5 millones que sufre pobreza severa, el desempleo juvenil entre 16 y 24 años pasa del 46%, la situación del desempleo general casi se sitúa en el 19% y la tasa de cobertura por desempleo está en torno al 55%”. Asimismo, ha pedido que esta prestación tenga un carácter “permanente y universal”.

Álvarez ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para defender la Proposición de Ley de una Prestación de Ingresos Mínimos, en el ámbito de protección de la Seguridad Social. Una comisión en la que también ha intervenido el Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

El Secretario General de UGT ha destacado que “ésta es una gran oportunidad para que el Parlamento pueda discutir, a fondo, cuáles son las políticas sociales que hay que desarrollar en nuestro país, en los próximos años. Es una buena oportunidad, para poder diseñar el mapa de las políticas sociales y los compromisos de todas y cada una de las administraciones”.

Álvarez ha afirmado que la proposición de Ley de una Prestación de Ingresos Mínimos debe  “incorporar todas aquellas propuestas que la mejoren” y ha apelado a la pluralidad del Parlamento para pedir el voto favorable a esta iniciativa en el pleno del Congreso en la que se debata. Los ciudadanos y ciudadanas confían en que se considere su proposición y “que el Parlamento sea sensible” a una demanda que cuenta con el respaldo de una gran mayoría social (la ILP está respaldada por más de 690.000 firmas).

Esta prestación debe configurarse como un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social y está dirigida a personas con disponibilidad para trabajar que carecen de empleo y recursos económicos para sí, y en su caso para los familiares a su cargo. La cuantía estimada es de 426 euros, equivalente al 80% del IPREM (cuantía que aumentaría en función de los componentes de la unidad familiar) y debe durar mientras se mantengan las condiciones que den acceso a la prestación. Se calcula que los beneficiarios potenciales serían algo más de 2 millones de personas (2.151.000) y tendría un coste para el Estado entorno a los 11.000 millones de euros.

Esta prestación, se debe financiar vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, y sería incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas) pero compatible con las de atención a la dependencia, ayudas a la infancia, ayudas de emergencia social, o cualquier otra de naturaleza asistencial de cualquier administración pública.