​Con el inicio del nuevo curso escolar, entra en vigor la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una ley innecesaria e ineficaz, ya que no va a mejorar los problemas fundamentales de nuestro sistema educativo y, por el contrario, va a empeorar otros que ya existían.

El sindicato recuerda que esta ley, que se iniciará en algunos cursos de la enseñanza primaria y en la nueva etapa formativa de la Formación Profesional básica, entra en vigor con el rechazo casi unánime de las Comunidades Autónomas, muchas de ellas gobernadas por el propio Partido Popular, y con el rechazo total de la comunidad educativa de nuestro país.

En este sentido, las modificaciones en los cursos de la enseñanza primaria derivan en una nueva distribución de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica, que implica que, por ejemplo, el área del conocimiento del medio natural, social y cultural se divide en dos asignaturas, la de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, o que se obligue a cursar, dentro de las asignaturas troncales, las de Educación Física, Religión o Valores Sociales y Cívicos en todos los cursos.

Además, el número total de asignaturas será de un mínimo de 8 ó 9 en el caso de comunidades con lengua propia, pudiéndose cursar alguna más según la oferta de cada Administración educativa; se implanta la evaluación individualizada, en el tercer curso y en el sexto; y se desconoce si se aprobarán o no las becas o ayudas para el comedor o el transporte escolar.

Para el sindicato, estas modificaciones perjudican claramente la evolución del alumnado, del futuro de nuestra educación e, incluso, de nuestro futuro económico, ya que desaparecen los Programas de Cualificación Profesional Inicial en favor de la Formación Profesional Básica, limitando la posibilidad de inserción laboral en la necesaria configuración del nuevo modelo productivo.

Por ello, la Unión General de Trabajadores exige la retirada de esta ley, implantada desde la improvisación y la premura y que genera incertidumbre en la nueva etapa formativa. Una ley retrógrada, segregadora, intervencionista, que rompe el principio de igualdad de oportunidades y que lejos de resolver los problemas reales de la educación de nuestro país los agravará.​