​El Tribunal General de la Unión Europea ha dado hoy la razón a los sindicatos españoles en el conflicto abierto en 2013 cuando la Comisión Europea declaró ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales para los inversones en la construcción naval (el conocido como tax lease), y exigió la devolución de estas ayudas por parte de las entidades inversoras recibidas entre los años 2007 y 2011, además de prohibir seguir aplicando los créditos fiscales generados en el futuro.

El Tribunal de Luxemburgo ha anulado hoy la decisión adoptada por la Comisión Europea, tal y como defendía MCA-UGT desde el inicio del conflicto, al estimar que la conclusión a la que llegó la Comisión al considerar que el tax lease podía falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre Estados miembros, "no esta "suficientemente motivada".

De esta forma, el Tribunal General da la razón casi tres años después a las tesis mantenidas por MCA-UGT, que ha venido defendiendo en todo momento la legalidad del sistema de ayudas español para la construcción naval, y denunció en su día la tardanza del Gobierno del Partido Popular en reaccionar a la declaración de ilegalidad, primero consintiendo esta declaración, y posteriormente, al presentar el recurso, que finalmente recoge las propuestas sindicales, ante el tribunal europeo con varios meses de retraso.

La falta de acción del Gobierno ha provocado la paralización del sector de construcción naval en nuestro país y, en consecuencia, ha supuesto un grave perjuicio para nuestros astilleros, aquejados de una grave crisis de carga de trabajo desde entonces que ha originado la pérdida de puestos de trabajo.

La Federación espera que esta decisión judicial no llegue demasiado tarde y suponga la recuperación de un sector industrial estratégico para los intereses de nuestro país.