La intrahistoria de esta firma fraudulenta es que la empresa, a través de un grupo de delegadas de personal pertenecientes a un único centro de trabajo, pretendió implantar un convenio ad hoc en el que el interés de los trabajadores y trabajadoras quedaba sometido al interés de la empresa. En definitiva, precarizaba las condiciones laborales y lo hacía con nocturnidad y alevosía, y sin contar con los representantes legítimos de los trabajadores en el ámbito estatal.

En efecto, el convenio colectivo de Translimp tiene ámbito estatal y ha sido suscrito únicamente por las delegadas de personal del centro de trabajo de Palma de Mallorca, existiendo, además, centros de trabajo en Barcelona y Madrid, por lo que es evidente, en opinión de los magistrados, que "la representación de las firmantes del convenio no se corresponde con el ámbito de aplicación del mismo, lo que supone que carecen de legitimación para negociar dicho convenio".

Esta nueva sentencia judicial en contra de una empresa multiservicios debe enmarcase dentro de la campaña de UGT por dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de aquellas empresas que, dentro de las multiservicios, se han propuesto precarizar el trabajo, reducir salarios y boicotear las negociación colectiva sectorial.