UGT y CCOO se han reunido hoy con Podemos, que ha explicado a ambas organizaciones sindicales la iniciativa parlamentaria para una Ley de Emergencia Social que sus diputados electos presentarán a las Cortes Generales de forma inmediata a su constitución.

Los sindicatos comparten la necesidad de impulsar políticas que mejoren la vida de las personas y especialmente de aquellos colectivos que están sufriendo más directamente las consecuencias de la crisis y otras medidas que empiecen a revertir los aspectos más perversos de la crisis y su repercusión en la vida de los trabajadores.

Ambas partes coinciden también en la necesidad de que la agenda política se centre en las cuestiones sociales y económicas que afectan de forma más intensa a la población y, entre otras cuestiones, dar respuesta urgente a las situaciones de emergencia social que existen en nuestra sociedad.

Para atacar la desigualdad y la pobreza hay que revertir las reformas laborales y la de pensiones, reformar la fiscalidad, las prestaciones por desempleo o la LOMCE entre otras.

Es necesario combinar adecuadamente cambios de medio plazo con lo urgente. Por ello, UGT y CCOO han trasladado  que una forma importante de lucha contra la pobreza pasa por revalorizar el SMI, que consideran se debe situar en 2016 en los 800 euros mensuales para avanzar en el cumplimiento del objetivo establecido en la Carta Social Europea de situarlo en el 60% del ingreso medio. Asimismo, han trasladado a Podemos la necesidad de incluir un compromiso legislativo de un aumento progresivo y suficiente, durante la próxima legislatura, y garantizando una cláusula de actualización anual frente a posibles pérdidas de poder adquisitivo o por la  mejora del salario medio general.

Las organizaciones sindicales han insistido en la necesidad de impulsar, de forma inmediata, una Prestación de Ingresos Mínimos en línea con la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CCOO y UGT y contribuir a completar con ello las lagunas de nuestros sistemas de protección social, y garantizar una prestación económica a todas las personas que carezcan de empleo y de ingresos suficientes, mientras dure tal situación de necesidad.

Junto a ello, ambas partes han coincidido en la necesidad de realizar un tratamiento integral del fenómeno de la pobreza, articulando medidas en las distintas manifestaciones que éste tiene.

Asimismo, demandan un nuevo formato del Plan de inclusión social, que se diseñe de manera participada. Un plan integral que actúe en todos los ámbitos que intervienen en este fenómeno (empleo, educación, sanidad, servicios sociales, etc.) con un objetivo claro y común que vertebre las distintas acciones.

Además de estos aspectos concretos, los sindicatos y Podemos han manifestado su voluntad de establecer un marco de diálogo y de trabajo para avanzar en propuestas que hagan revertir la senda de medidas restrictivas desde el punto de vista económico, de relaciones laborales y negociación colectiva, de libertades ciudadanas y servicios públicos.