​A principios del mes de octubre me sentí profundamente orgulloso de ser el Secretario General de UGT gracias a los pensionistas. Hace meses les propusimos una dura tarea, marchar por las pensiones.

Centenares de pensionistas marcharon desde distintos puntos del país con etapas kilométricas que culminaban en pueblos y ciudades con asambleas informativas. Unas asambleas que debían servir para concienciar a la población de que tenemos un problema y que, juntos, conseguiremos solucionarlo. Con esta campaña la UGT, junto con CCOO, pasaba a la ofensiva movilizándose por un problema de todos.

Miles de pensionistas, y también futuros pensionistas, siguen reclamando que las pensiones tienen que subir de acuerdo al coste de la vida y no el mísero 0,25% impuesto por el Gobierno. Una imposición, por cierto, que han vuelto a ratificar ante la Unión Europea para el 2018.

Esta misma semana el FMI (Fondo Monetario Internacional), asegura que los jubilados que se retiren este año 2017 perderán el 30% de su poder adquisitivo a lo largo del periodo que dure la prestación.

Será el primer año en que los jubilados comiencen a perder ese poder adquisitivo desde la introducción del IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) en 2014. Y hace apenas unos días, el mismo organismo afirmaba que las pensiones en España corrían el riesgo de convertirse en pensiones de miseria. ¿Es eso aceptable en un país que quiere parecer serio?.

Para el Gobierno del PP, es más importante gastarse dos mil millones de euros para el rescate de autopistas que no garantizar el futuro de sus pensionistas. Cabe recordar que no hablamos solo de los pensionistas actuales, sino de los futuros. El próximo año 2018 empieza a actuar el factor de sostenibilidad, donde los pensionistas que hoy sostienen el sistema, cuando se jubilen, cobrarán sólo el 60% de su último salario. Un factor también impuesto por el PP en su última reforma.

Y también pedimos dignidad para unas personas que han trabajado y cotizado durante más de 40 años y que han perdido el trabajo y se ven obligados a jubilarse perdiendo un 40% de su pensión a causa de la crisis; pedimos dignidad para aquellos mayores de 55 años que después de otros tantos años cotizados, la crisis les ha llevado a una situación límite; reclamamos lo justo para todas aquellas mujeres que viven la desigualdad en la pensión y, especialmente, para las viudas y sus hijos. ¡Pedimos dignidad!.

Estamos hartos de escuchar que cuesta mucho dinero mantener las pensiones, que el gasto es muy elevado. Y estamos cansados porque es mentira. En España gastamos en torno al 10,4% del PIB en pensiones.

En cambio, en países cercanos y con los que a veces nuestros gobernantes intentan compararnos, el gasto es mayor. Alemania por ejemplo tiene un gasto de más del 14%, Italia cerca del 15 y Francia, incluso, gasta más del 16%: ¿de verdad no podemos gastar más?.

España no tiene un problema de gasto, tiene un problema de ingresos. Aumentar los ingresos quiere decir, por ejemplo, subir los salarios y dejar de ver cómo siguen existiendo trabajadores y trabajadoras que a estas alturas tiene un salario inferior a los mil euros.

Creo que a día de hoy el Gobierno sabe perfectamente cuáles son las posibles soluciones para reducir el déficit de la Seguridad Social. Los sindicatos llevamos meses diciéndole qué debe hacer y cómo, pero siguen sin hacernos caso.

Hay costes que se cargan a la Seguridad Social y a las pensiones que no tienen sentido. No podemos permitir que se sigan regalando bonificaciones a los empresarios por contratar, cuando todos sabemos que no por esa razón contratan más, o que se paguen los gastos corrientes de la Seguridad Social con cargo a las pensiones.

Hay que trasladar impuestos a las pensiones, así como analizar la repercusión sobre el sistema de pensiones y el bienestar en general que puede tener la robótica y la digitalización. Debemos encontrar la manera de compensar las arcas de la Seguridad Social y los impuestos en consecuencia de las nuevas tecnologías. Y debemos acabar con el tope a las pensiones. No podemos mantenerlo en los 40.000 euros cuando países como Francia lo mantiene por encima de los 100.000.

Tenemos alternativas y propuestas, y hay que explicarlas tan bien como lo han hecho nuestros pensionistas durante estos días. Es necesario crear un gran movimiento de todos los hombres y mujeres que estén dispuestos a luchar para conseguir mejorar nuestro sistema de pensiones. Nadie puede entender, hoy en día, el afán de privatizar y premiar los sistemas de pensiones que mantiene el Gobierno. No hay ningún país en el mundo que tenga un sistema privado de pensiones de carácter general que, finalmente, no haya fracasado.

Si Francia, Alemania o Italia mantienen un sistema público solvente, ¿por qué no puede España? Se trata de una cuestión de dignidad. El Gobierno tiene en sus manos respetar a sus mayores, aquellos que durante años han luchado para el buen camino del país, que han alimentado a familias y que han ayudado a levantar la sociedad cuando peor lo ha pasado. Un país que no cuida de sus mayores, no es un país digno.